Nerja vuelve a rechazar el pago de hasta once millones en 25 años para asumir la gestión de la depuradora

Ambas administraciones, la local y la estatal, mantienen un tira y afloja en estos últimos años acerca de la fórmula para la cesión de la planta al Consistorio. El Gobierno central, amparándose en lo que estipulan las leyes de aguas y del régimen jurídico de las administraciones públicas, viene reclamando, como condición sine qua-non para proceder a su traspaso, el pago de hasta 11 millones de euros, en un plazo de 25 años, para proceder a su entrega al Consistorio.

Además, el Ejecutivo central exige el abono de los costes que ha generado su gestión a la empresa pública Tragsa, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, desde que se puso en marcha y la asumió esta compañía pública. En concreto, según un escrito remitido al Consistorio a finales del pasado año, el Ministerio reclama 3.399.857,76 euros en concepto de tarifa de utilización del agua para el año 2024, para proceder a la cesión inmediata de la planta al Ayuntamiento nerjeño.

Así, como respuesta a esta petición, el pleno del Ayuntamiento de Nerja aprobó por unanimidad de todos los grupos (PP, PSOE y Podemos-IU), en su última sesión, celebrada el pasado viernes, una moción presentada por el gobierno local del PP en la que se solicita al Ministerio para la Transición Ecológica que deje sin efecto la tarifa de utilización del agua aprobada en una resolución emitida el pasado 28 de diciembre.

En el acuerdo, al que ha tenido acceso SUR, se pide además al Ejecutivo central «la máxima celeridad para encontrar el procedimiento administrativo que resuelva definitivamente la situación en la que se encuentra la EDAR de Nerja, para que pueda ser cedida al Ayuntamiento para su uso y explotación, dando cumplimiento al compromiso del secretario de Estado de Medio Ambiente».

Por último, el tercer acuerdo del texto aprobado establece dar traslado del mismo al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En el debate plenario, el concejal de Infraestructuras, José Alberto Tomé (PP), criticó que el Gobierno «aún no ha dado con la tecla» para la cesión de la depuradora al Ayuntamiento nerjeño. Así, denunció que el Ejecutivo central pretende cobrar al Consistorio hasta once millones de euros en un plazo de 25 años en concepto de la amortización de la obra y la tasa de utilización del agua. "No es culpa del Ayuntamiento el no querer recepcionarla, que se pongan de acuerdo la Abogacía del Estado y el Ministerio", expresó.

En la exposición de motivos se alude a que «todo lo anterior es fruto de la indeterminación del Ministerio para ceder al Ayuntamiento de Nerja» la depuradora. «Todas las fórmulas anunciadas por el Ministerio han quedado en vía muerta, por lo que a día de hoy continuamos sin saber cuándo ni cómo serán cedidas dichas instalaciones, ni, por tanto, cuándo se verá cumplimentado el compromiso del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, trasladado a este Ayuntamiento en escrito de 2 de diciembre de 2020».

Según la moción, este documento expresaba "literalmente" que «el uso y explotación de la depuradora de Nerja, obra de interés general del Estado, realizada por la Dirección General del Agua, debe ser entregada al municipio de Nerja a través de un convenio donde se especifique que se entrega para su uso y explotación, con la finalidad de depurar las aguas residuales y con sujeción a la ley 40/1015, sin hacer mención a la imposición de coste alguno para dicha cesión».

Para los tres partidos con representación en la corporación municipal, «ante este giro de los acontecimientos, contrario al sentido de las gestiones y contactos mantenidos hasta ahora entre ambas administraciones, no podemos más que mostrar nuestra rotunda disconformidad, ya que la Administración del Estado vuelve a tratar de repercutir sobre este municipio el coste de una infraestructura que en su día declaró de su interés general y respecto a cuya ejecución asumió expresamente toda la responsabilidad; pretendiendo además añadir los gastos de funcionamiento y conservación de la instalación, derivados de un contrato con Tragsa del que esta corporación no tuvo conocimiento previo ni, por ende, participación alguna: ello a pesar de las múltiples ocasiones en que este Ayuntamiento ha solicitado que le fuese cedida la titularidad de la instalación o, al menos, su gestión».

Para la corporación nerjeña, «es totalmente injusto que desde 1993 en que se inicia la andadura de la EDAR de Nerja, hasta hoy, treinta años después, en ningún momento se haya advertido esa pretensión al Ayuntamiento de Nerja». Otro frente que tiene pendiente la depuradora de Nerja es el uso de sus aguas regeneradas para el regadío. La Junta de Andalucía así lo tiene contemplado desde el tercer decreto de sequía, pero el Ayuntamiento tiene que tener la gestión de la planta para poder solicitarlo a la Administración regional. Además, su uso requeriría de la ejecución de una tubería para conectar la planta con las fincas de la vega de Nerja, que se riegan con agua del río Chíllar.

Por su parte, el concejal del PSOE José Antonio Carmona ha felicitado al gobierno local del PP «porque en su día supisteis vender muy bien esta alternativa de ubicación como la más viable». «Y como resultado hoy en día tenemos una EDAR anexa a zona urbana, con tecnología poco convencional, con un sistema de tratamiento caro, compacta, y con bombeos en todas las direcciones dependientes de mucha energía. Dicho de otro modo, tenemos un Ferrari que consume mucho combustible y que tiene unos costes de mantenimiento brutales», ha argumentado.

Por su parte, el portavoz de Podemos-IU, Luis Peña, ha dicho que han respaldado la iniciativa porque es "una solicitud al Ministerio que evitaría que los vecinos tengan que asumir estos costes", pero ha advertido a este periódico de que el Gobierno central «puede tomar la decisión de ejecutar estos cobros mediante su descuento de los fondos que transfiere al Ayuntamiento dentro de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE)». "Nos encontramos ante un maremágnum legal", ha considerado. Según Peña, si el servicio lo prestara Aguas de Narixa costaría entre 1,6 y 1,7 millones año, frente a los 2,6 millones que ha dicho Tragsa.