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El próximo mes de octubre se cumplirán cuatro años de la puesta en marcha de la primera depuradora de Nerja, inicialmente en fase de pruebas, y desde octubre de 2021, ya recepcionada por el Ministerio para la Transición Ecológica. Sin embargo, la estación ... sigue sin ser gestionada por el Ayuntamiento de la localidad costera más oriental de la provincia, gobernado por el PP, con mayoría absoluta, con José Alberto Armijo al frente. Es la empresa pública Tragsa, dependiente del Ministerio de Agricultura, la que se encarga, tras un acuerdo con el Ministerio para la Transición Ecológica. La planta supuso una inversión estatal de 25 millones de euros y llegó después de décadas de retrasos e incumplimientos, con sanciones a España por no depurar las aguas del municipio que presume de ser la capital turística de la Axarquía.
Ambas administraciones, la local y la estatal, mantienen un tira y afloja en estos últimos años acerca de la fórmula para la cesión de la planta al Consistorio nerjeño. El Gobierno central, amparándose en lo que estipulan las leyes de aguas y del régimen jurídico de las administraciones públicas, viene reclamando el pago de hasta 11 millones de euros, en un plazo de 25 años, para proceder a su entrega al Consistorio. Sin embargo, el Ayuntamiento rechaza este pago y ha emprendido una reclamación judicial, concretamente, un recurso ante el Tribunal Económico Administrativo Central, tal y como anunció el Ayuntamiento el pasado mayo.
En este contexto, el pleno del Ayuntamiento de Nerja aprobó este pasado viernes una moción del alcalde, José Alberto Armijo, y del concejal de Infraestructura, Alberto Tomé, a la que se sumaron los portavoces de los grupos municipales del PP, PSOE y Podemos-Izquierda Unida con Nerja, en la que, de nuevo, se solicita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno central que «ceda con la máxima celeridad» la depuradora a la localidad para su mantenimiento, gestión y explotación.
El concejal de Infraestructura, Alberto Tomé, ha recordado en un comunicado que en diciembre de 2020 el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, «comunicó al alcalde el compromiso del Ministerio de ceder la depuradora a nuestro pueblo, aunque a día de hoy no se ha materializado dicha cesión», ha apostillado.
Además, el edil nerjeño ha agregado que «este mismo año se han mantenido varias reuniones entre responsables técnicos y políticos de ambas administraciones, la última el pasado 23 de mayo, en la que el Ministerio trasladó al Ayuntamiento la imposibilidad de ceder la depuradora mediante una mutación demanial y que estaban estudiando la fórmula de una encomienda de gestión mediante un convenio cuyo borrador sería remitido al Consistorio».
«Lo cierto es que el Ministerio para la Transición Ecológica sigue sin enviarnos dicho borrador de convenio para poder avanzar y es por eso que desde el Ayuntamiento reiteramos nuestra petición de que impulse los trámites con la mayor celeridad para que la cesión de la depuradora sea por fin una realidad», ha concluido el concejal nerjeño.
Por su parte, desde los dos grupos de la oposición plantearon una serie de cuestiones en el debate plenario acerca de la situación de la depuradora y lo que ocurrirá una vez que sea traspasada al Ayuntamiento. El concejal socialista José Antonio Carmona advirtió al gobierno del PP de que deben comunicar a los vecinos en cuánto va a subir el recibo del agua una vez que la gestión sea municipal, un incremento que, según sus cálculos, podría ser de más de un 100%, pasando, de media, de unos 20 y pocos euros al trimestre, a más de 40 y hasta 80 euros, según distintos estudios a los que ha tenido acceso.
Por su parte, el concejal de Podemos-IU con Nerja, Luis Peña, puso el acento en «las dificultades legales» que podría tener el Ayuntamiento nerjeño para traspasar la gestión a la empresa mixta Aguas de Narixa S. A., concesionaria del servicio de suministro del agua potable y el saneamiento en el municipio desde 2010, participada al 50% con Aqualia. Así, el concejal de la formación de izquierdas advirtió de que, a su juicio, habría que hacer un procedimiento de licitación para su gestión.
A estas cuestiones el concejal de Infraestructuras no contestó con respuestas concretas, ya que dijo que «son escenarios futuribles» y que «lo primero que tiene que hacer el Ministerio es enviarles el borrador del convenio para la gestión», una vez que se ha descartado la mutación demanial. «Cuando los servicios técnicos y jurídicos lo estudien podremos avanzar en todas escas cuestiones», apostilló Tomé en el pleno.
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