Nerja activa los trámites para completar el desarrollo de su polígono industrial

Situado al norte del casco urbano nerjeño, junto al vial de acceso a la Autovía del Mediterráneo A-7, el polígono industrial de Castillo Alto constituye la mayor superficie con suelo calificado con esta tipología, así como comercial, residencial y de servicios, en el municipio más oriental de la provincia, con más de un millón de metros cuadrados. Unos cien propietarios están afectados por una reparcelación que, en el documento aprobado en 2007, prevé cuotas de urbanización que buena parte de ellos consideran «desorbitadas». Esta situación ha generado, desde que se aprobó el primer documento hace 13 años, una cascada de demandas en los tribunales.

Ante el galimatías jurídico en el que está inmerso el sector, el Ayuntamiento acordó en mayo de 2017 volver a redactar una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que evite nuevas demandas judiciales. Así, la concejala de Urbanismo y Vivienda, Nieves Atencia (PP), ha anunciado que se ha procedido a contratar la redacción de este documento técnico a la empresa Ejecución del Planeamiento 2, SLP, por un importe de 18.147,54 euros.

«Con ello se da cumplimiento a lo estipulado en la moción conjunta de todos los grupos políticos de la corporación municipal, aprobada en el pleno de 25 de mayo de 2017, en la que se especificaba que dicha modificación es necesaria para que, tras la tramitación exigible, se trate de dar respuesta y solución, conforme a derecho y con el mayor grado de consenso posible entre los interesados, al reconocimiento de la realidad material actualmente existente en cada zona del PA-2 Castillo Alto», según se recogió en la moción aprobada por en la pasada legislatura por PSOE, IU, EVA-Podemos, Ciudadanos y PP.

La edil nerjeña ha señalado que en dicha moción conjunta se acordó que «una vez aprobada inicialmente la referida modificación puntual de elementos, se procederá a elaborar y tramitar los documentos necesarios para la terminación, recualificación y actualización de los servicios y redes de infraestructuras existentes, y la ejecución de los que puedan faltar». Atencia ha mostrado su satisfacción con esta contratación, «ya que así se da cumplimiento al compromiso del programa electoral del Partido Popular, de contratar un equipo técnico multidisciplinar específico para el polígono industrial Castillo Alto, y se avanza en la solución de un problema histórico de nuestro municipio».

A pesar de que el TSJA dictó en 2013 una sentencia firme en la que determinó que el proyecto de reparcelación era «nulo de pleno derecho», el entonces equipo de gobierno del PP inició un procedimiento judicial para abonar una indemnización a la sociedad Monte Rigal S. L., de 291.113,6 euros, al entender que el fallo no se podía ejecutar, ya que volver a redactar el plan urbanístico supondría mayores perjuicios para los dueños, porque en la zona se han ejecutado desarrollos en estos años conforme al texto, como los supermercados Lidl y Comerco y, más recientemente, se ha construido incluso una gasolinera.

El juzgado que emitió la sentencia validó este planteamiento al margen de su sentencia, aunque el entonces, y desde el pasado año de nuevo, alcalde, José Alberto Armijo (PP), no llegó a pagar esta cantidad. El anterior equipo de gobierno tripartito (PSOE, IU y EVA-Podemos), que accedió al cargo en junio de 2015, hizo efectiva esta cantidad en 2016, «porque así nos lo indicaron los servicios técnicos y porque nos llegó un auto del juzgado con la amenaza de embargos», matizó en mayo de 2019 la entonces alcaldesa, Rosa Arrabal (PSOE).