Maro, donde habitan los últimos colonos

‘Sí al azadón, no al hormigón’. ‘Sin la tierra no hay futuro’. Éstas eran dos de las pancartas que podían leerse en los fríos y lluviosos días de diciembre de 1996 en los que se produjo uno de los episodios que más conmoción social ha causado en la historia reciente de Nerja. Unos 60 colonos agrícolas de la pedanía de Maro se encerraron durante diez días en la cercana Cueva de Nerja en protesta por los planes urbanísticos de la Sociedad Azucarera Larios S. A. (Salsa), propietaria de la práctica totalidad de las tierras de labor de la zona, para recalificar, con el visto bueno de las administraciones públicas, todos estos terrenos para construir allí viviendas, hoteles y un campo de golf.

Los colonos, apoyados por más de 200 vecinos de la pedanía nerjeña, se manifestaron en la jornada del 14 de diciembre y al caer la noche se adentraron en la gruta, donde permanecieron hasta el día de Nochebuena. Reclamaban al Gobierno central una modificación de la Ley de Arrendamientos Rústicos Históricos para conseguir acceder a la titularidad de las tierras que habían cultivado sus antepasados desde hacía casi 500 años.

No en vano, existen pruebas documentales de que estas tierras les fueron entregadas por los Reyes Católicos, a partir de 1505, a distintos nobles que combatieron contra los árabes en la Conquista del Reino de Granada. Estos señores feudales permitieron a sus siervos cultivar las tierras, aunque nunca accedieron a su propiedad, que ha ido pasando por distintas manos. Desde 1930, Larios posee alrededor de un millón y medio de metros cuadrados en la conocida como vega de Tetuán, donde se encuentran los restos de la antigua fábrica azucarera y alcoholera de San Joaquín y Las Mercedes.

«Ya en el Catastro de Ensenada de 1768 aparecen apellidos como los Zorilla o los Casanova, como arrendatarios de estas tierras, que son los que siguen predominando en Maro y continúan cultivando esta zona sin ser propietarios», comenta Cristina Nieto, investigadora del Departamento de Geografía de la UMA. Tras el conflicto de los colonos, junto a otros investigadores como José María Senciales, Cristina Crespillo y José Ángel Pérez, elaboraron un estudio sobre el origen y las consecuencias de aquella auténtica revuelta campesina que se produjo en los estertores del siglo XX. «El encierro fue sólo la punta del iceberg, detrás de él había un conflicto por la propiedad de la tierra que aún no se ha resuelto», asegura. En efecto, la zona continúa teniendo prácticamente el mismo aspecto del de hace dos décadas, ya que los planes urbanísticos de Larios siguen sin consumarse. ¿Es posible que se produzca un nuevo estallido social, una segunda revuelta campesina, en los próximos años? Ésta fue una de las preguntas que se suscitaron en el coloquio posterior a la conferencia que Nieto impartió el pasado viernes en el Museo de Nerja, a la que asistieron más de medio centenar de personas. «No es descartable, aunque está claro que los colonos ya aprendieron la lección de que las administraciones no se iban a poner de su lado tan fácilmente», argumentó Nieto.

En efecto, después de diez días de encierro en el interior de la gruta, que tuvo que permanecer cerrada por motivos de seguridad, a pesar de ser, por aquel entonces, el tercer monumento más visitado del país, los colonos de Maro no consiguieron la modificación legal para poder acceder a la titularidad de las fincas que seguían cultivando después de cinco siglos. Sólo arrancaron el compromiso de las administraciones y de la sociedad Larios de que se renegociarían los contratos de arrendamientos, con incrementos de precios moderados e indemnizaciones para los que decidieran abandonar las tierras de labor.

21 años después de aquello, en la zona continúa habiendo un número aproximadamente igual de colonos, aunque ahora muchas fincas tienen únicamente un uso recreativo, al haber sido alquiladas por familias extranjeras. Algunos de estos colonos denuncian que Larios les ha incrementado el alquiler en los últimos años hasta cifras inasumibles, por lo que han tenido que dejar las tierras.

Desde 2015, Salsa viene negociando con el Ayuntamiento un cambio en el planeamiento que le permita la ejecución de sus planes urbanísticos en las inmediaciones de la antigua fábrica de San Joaquín, en unos terrenos que actualmente están clasificados como no urbanizables y de especial protección agrícola en el PGOU.

En abril de ese año, apenas un mes antes de las últimas elecciones municipales, el entonces alcalde, José Alberto Armijo (PP), elaboró un convenio en el que planteaba una serie de modificaciones del PGOU para compensar cesiones de suelos realizadas por Larios con anterioridad y dar vía libre a la ejecución del proyecto.

Sin embargo, ese documento no se llegó a firmar ni a elevarse al pleno, por lo que carece de validez legal. Con la llegada del gobierno tripartito (PSOE, IU y EVA-Podemos), se han producido varias reuniones con la empresa, en las que se han analizado las posibilidades para poner en marcha esta iniciativa inmobiliaria, sin que se haya alcanzado ningún acuerdo.

• Temas
• Maro