Los alrededor de cuarenta propietarios del edificio Arco Iris, ubicado en el núcleo del Puente de Don Manuel, en Alcaucín, están «totalmente desesperados», después de llevar 12 años vivienda en sus pisos sin tener aún un contador de luz legalizado. A pesar de disponer de la licencia de primera ocupación de sus inmuebles, la compañía eléctrica alega que no puede darles este servicio porque no disponen de licencia de obras para el transformador que instalaron junto a sus casas, en el que invirtieron más de 120.000 euros hace cinco años.
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«Estamos desesperados, en un limbo legal y jurídico absoluto, con el temor en el cuerpo de que ocurra algún siniestro y las compañías de seguros se nieguen a cubrir los daños porque tenemos una conexión eléctrica provisional, un contador de obra», explicó ayer a SUR el presidente de la comunidad, Isidoro Urrestarazu, quien dijo que otro de los problemas a los que se enfrentan es cuando algún propietario quiere vender o alquilar sus viviendas. «Los compradores o inquilinos tienen que asumir esta situación y es muy perjudicial», señaló.
El edificio, de 61 pisos, se terminó de construir a finales de 2006 y los primeros propietarios compraron a comienzos de 2007. Una veintena de las viviendas están en manos de una entidad financiera, que está tratando de venderlos. El inmueble apareció en las diligencias penales del 'caso Arcos', que estalló en marzo de 2009 contra la corrupción urbanística en el Ayuntamiento durante los mandatos del exalcalde socialista José Manuel Martín Alba. La sentencia se conoció en abril del pasado año, con penas muy inferiores a las peticiones del fiscal. Así, Martín Alba fue condenado a 17 meses de prisión, siete años y siete meses de inhabilitación y multa de 600 euros.
Los vecinos han protagonizado varias protestas a las puertas del edificio, especialmente desde marzo de 2014, cuando Endesa les cortó el suministro eléctrico. Tras más de dos años, consiguieron que se les restableciera de manera provisional, «pero estamos continuamente con la amenaza de que vuelvan a dejarnos sin él», argumentó Urrestarazu. En su lucha para conseguir los contadores eléctricos, han recurrido al Defensor del Pueblo Andaluz, que ha instado en varias ocasiones al Consistorio de Alcaucín a darle una solución definitiva al problema. Sin embargo, a juicio del presidente de la comunidad de propietarios, el alcalde, el belga Mario Blancke (Ciudadanos), «no ha hecho nada, no nos hace ningún caso y tampoco a los escritos que le remite el Defensor del Pueblo Andaluz», dijo.
Por su parte, el regidor lamentó la situación de estos vecinos, pero advirtió de que no es el único caso de este tipo en Alcaucín. «Cuando compraron sus casas en 2007 tendrían que haber instalado los contadores, luego saltó la 'operación Arcos 'y ya fue cuando se comprobó que parte del edificio está ocupando una zona de equipamientos pública», manifestó.
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«No puedo darles licencia de obras porque los técnicos se oponen, y puesto que la aprobación del primer PGOU va muy lenta, hemos decidido iniciar una modificación de elementos para este edificio y otros casos similares, con lo que podremos legalizar la situación y otorgar los permisos», explicó Blancke, quien dijo que contarán con el apoyo de la Diputación.
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