El juzgado da vía libre al proyecto de la nueva sede judicial de Torrox, pendiente desde hace tres décadas

Los juzgados de Torrox ocupan actualmente un edificio histórico que no resulta operativo como sede judicial. Se ha quedado obsoleto, tiene problemas de accesibilidad y eficiencia energética y carece de espacio para futuros nuevos órganos que se puedan crear en un partido judicial que presta servicio a más de 58.000 vecinos de ocho municipios (Algarrobo, Árchez, Canillas de Albaida, Cómpeta, Frigiliana, Nerja y Sayalonga, además de Torrox).

El acuerdo suscrito estipula que el Consistorio financiará y ejecutará las obras, previstas en los terrenos del antiguo campo de fútbol de Torrox Pueblo, con un coste previsto de 4,5 millones, y posteriormente alquilará el edificio a la Administración regional, por un periodo de 30 años, con lo que recuperará 6.150.000 euros.

Sin embargo, PSOE e IU interpusieron un recurso contencioso-administrativo pidiendo la paralización del convenio. Las medidas cautelares se solicitaron argumentando que la ejecución del acto o la aplicación de la disposición «podrían hacer perder su finalidad legítima al recurso, lo que generaría situaciones jurídicas irreversibles». Además, destacaron en su demanda «la necesidad de evitar perturbaciones graves de los intereses generales o de terceros, que el juez o tribunal debía ponderar en forma circunstanciada».

Sin embargo, la magistrada rechaza las medidas cautelares argumentando que, «a pesar de la existencia del 'periculum in mora', su adopción podría causar perturbaciones graves de los intereses generales o de terceros». Además, se señala en el auto, al que ha tenido acceso SUR, «que no se puede afirmar que la nulidad alegada sea evidente o manifiesta, lo que impide pronunciarse sobre los motivos de fondo en este trámite».

Además, la jueza argumenta que la parte recurrente «no presentó informes o datos que demuestren de manera indiciaria que la ejecución del acuerdo causará perjuicios a los intereses municipales». También menciona en su auto que la eventual suspensión de las medidas «podría perturbar gravemente los intereses generales, considerando el informe del Servicio de Planificación estratégica sobre las deficiencias del inmueble actual». El tribunal condena en costas a la parte recurrente, ya que sus pretensiones fueron rechazadas. El límite de la condena se establece en 400 euros con el IVA incluido.

Por su parte, fuentes municipales del equipo de gobierno del PP, con mayoría absoluta, mostraron a SUR su «satisfacción» por esta decisión judicial y destacaron que la redacción del proyecto del nuevo edificio judicial se sacará a licitación «en breve». Los populares volvieron a criticar «la continua judicialización de la vida política» de los dos dos grupos de la oposición, como ya ocurrió con el tanatorio y el campo de fútbol.

La secretaria general del PP de Torrox, Paola Moreno, aseguró que el acuerdo alcanzado «cuenta con todas las bendiciones administrativas de la Junta de Andalucía», ha dicho la edil del PP, quien ha resaltado que el Ayuntamiento de Torrox «va a recuperar 1,5 euros por cada euro invertido». Se trata, según Moreno, «de un acuerdo vital para el municipio de Torrox, ya que el nuevo palacio de justicia contará con un presupuesto previsto de casi 4,5 millones de euros, y el proyecto básico y de ejecución será supervisado por la Junta de Andalucía».

Una vez realizada la mutación demanial externa por un periodo previsto de treinta años, «todo son ventajas para Torrox, ya que la Junta pagará un canon anual al Ayuntamiento de Torrox de 205.000 euros, lo que supone más de seis millones de euros en total». En suma, según ha apuntado la secretaria general del PP de Torrox, «es un acuerdo más que generoso y ventajoso".