La Junta mantiene vivo el proyecto de la desaladora privada en la Axarquía

En este listado una de las actuaciones más destacadas es la desaladora de la Axarquía. Después de que la Junta iniciase en el verano de 2022 un procedimiento administrativo para posibilitar la ejecución de una instalación promovida por la iniciativa privada, al año siguiente, en mayo de 2023, el Gobierno central irrumpió con el compromiso de ejecutar una pública, con una inversión de cien millones, a devolver por los usuarios en un canon en un plazo aún por determinar.

A pesar de que el consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, aseguró en una visita a Vélez-Málaga, el pasado mes de febrero, que «el único proyecto que hay sobre la mesa» para la Axarquía es la desaladora pública, lo cierto es que, al menos sobre el papel, la actuación privada sigue su proceloso trámite burocrático. De las tres ofertas presentadas inicialmente, lo hace especialmente decidida la propuesta primigenia, la de la cordobesa Magtel S. L., a través de su filial Mediterráneo Desalación S. L., que inició la tramitación a finales de 2020 ante la Administración regional.

Así, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del pasado 18 de marzo apareció un anuncio del acuerdo del día 11 de marzo de 2025, de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Málaga, por el que se somete a información pública el proyecto de esta empresa en el término municipal de Vélez-Málaga. En concreto, se trata de la solicitud de Mediterráneo Desalación S. L. para la concesión de la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para la instalación de desalación de agua de mar (IDAM) en el término municipal de la capital de la Axarquía.

La desaladora que plantea Magtel tras analizar hasta una docena de posibles ubicaciones iría junto a la depuradora de Vélez-Málaga, al sur de la autovía y al oeste del centro comercial El Ingenio, sobre unos terrenos lo suficientemente alejados de zonas residenciales pero también próxima a la desembocadura del río veleño. Con una inversión que rondaría los 120 millones de euros más el IVA, la planta está diseñada para una capacidad inicial de 40 hectómetros cúbicos.

Eso sí, según consta en la documentación técnica, a la que ha tenido acceso SUR y que se somete ahora al trámite de información pública, para presentar las posibles alegaciones de los afectados, se contempla una ampliación a futuro hasta los 60 en caso de necesidad, de los que 10 se destinarían al abastecimiento urbano y los 30 restantes, al riego. Además, la producción se podría ajustar a las necesidades de cada momento, por lo que el sistema estaría estructurado en escalones de 10 Hm3/año.

En principio, el volumen reservado para el consumo doméstico sería transportado hasta un depósito de agua potable ya existente, mientras que para el riego se plantea una solución que permita incorporar los recursos al sistema aprovechando las infraestructuras existentes, incluido el embalse de la Viñuela. La red se completaría con el necesario conducto de inmisión mar adentro para captar el agua e impulsarla hasta la desaladora, así como un emisario paralelo para devolver el agua con doble concentración salina a su entorno natural. Estas infraestructuras se ubicarían en el entorno de la desembocadura del río Vélez.

Dado que el coste de producción es un factor determinante, Magtel apuesta por la suscripción de un contrato de suministro eléctrico a largo plazo «que asegure un precio estable y razonable». Aunque también se podría ver optimizado con soluciones de autoconsumo mediante la instalación de placas solares en las que la compañía ya lleva tiempo trabajando y que puedan suponer una ventaja competitiva cara al precio final. ¿Cuál sería? Con el precio ponderado de ese 'mix' de todos los diferentes orígenes de los recursos (embalse, fluyentes, acuíferos, regeneradas y desaladas) y el coste de cada uno de ellos, en la compañía sostienen que la disponibilidad de agua necesaria para la agricultura en la comarca estaría garantizada «por debajo de los 0,3 euros el metro cúbico».

Cuando se comenzaron a conocer los detalles de esta propuesta, la compañía cordobesa esperaba que, en caso de hacerse con la concesión planteada por la Junta de Andalucía, confiaba en la primavera de 2023 en recabar todos los permisos necesarios para comenzar las obras a finales de ese mismo año. Sin embargo, este plazo no se ha cumplido. La construcción tendría un plazo de ejecución previsto inicialmente de dos años. Las otras dos ofertas que pugnaron fueron las de Acciona Agua S. A. y la alianza formada por Trops, Grupo Cobra y la Universidad de Málaga. Esta última fue descartada por la Administración regional en noviembre de 2023.

Por su parte, desde el Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA-Ecologistas en Acción) han considerado que «no es seguro que esta segunda desaladora se construya». «Sigue sus trámites para tener un lugar privilegiado en caso de necesidad. Se admite a trámite porque, en principio, no se puede rechazar un proyecto así, otra cosa es que al final se acepte como tal, pues si la desaladora del Estado, que está financiada prospera, no hay necesidad de otra más», ha argumentado a SUR el portavoz del colectivo ecologista, el biólogo Rafael Yus.

No obstante, a su juicio, «de todos modos, su ubicación no es en el delta del río Vélez, sino al lado del centro comercial El Ingenio, por el delta recorre una tubería enterrada, no afectando a nuestros proyectos». «La estudiaremos y haremos las oportunas alegaciones, pero creo que no va a prosperar, la empresa lo hace para tener una posición privilegiada en caso de necesitarse una segunda desaladora. La del río Seco, la pública, todavía no ha hecho su evaluación ambiental, hasta que no la publiquen no podemos decir nada», ha apostillado.