Justamente dos semanas después de que este periódico publicara en exclusiva el auto de apertura de juicio oral contra el alcalde de Nerja, José Alberto Armijo (PP), la concejala de Urbanismo y Vivienda, Nieves Atencia (PP), y siete empresarios del sector de la construcción, por la presunta comisión de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales, por la gestión del vertedero ilegal del río de la Miel, que funcionó entre junio de 1998 y septiembre de 2016, la Junta de Andalucía, que quedó fuera del procedimiento, ha sorprendido con el anuncio de que está tramitando el sellado de esta enorme escombrera, situada en el cauce bajo del río de la Miel, dentro del parque natural de las Sierras Tejeda, Almijara y Alhama, donde se acumulan 800.000 metros cúbicos de todo tipo de residuos, sin ningún tipo de clasificación.
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En el auto de apertura del juicio oral, que tendría lugar en un juzgado de lo Penal de la capital, se establece una responsabilidad civil de 10,8 millones de euros, en forma de fianza para los acusados. De manera subsidiaria, el juez contempla que la posible condena económica por el daño medioambiental supuestamente causado tendría que corresponder al Ayuntamiento nerjeño. Sin embargo, este viernes la Junta de Andalucía ha remitido un comunicado en el que anuncia que está impulsando el proyecto para la clausura y sellado del vertedero de residuos de construcción y demolición, "actuación que se enmarca dentro del ámbito del Plan Integral de Gestión de Residuos que va a poner en marcha el Gobierno andaluz", han explicado.
La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, y la viceconsejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Ana Corredera, han mantenido una reunión para avanzar en este asunto. En este sentido, han anunciado que se va a realizar la redacción del proyecto de sellado y restauración de la escombrera del municipio nerjeño, y se espera que dicho proyecto esté finalizado en el último trimestre de este año. El presupuesto de esta actuación se prevé en dos millones de euros aproximadamente.
"Esta iniciativa supone una magnífica noticia para la provincia, ya permitirá la recuperación y regeneración medio ambiental de los terrenos en los que está ubicado este depósito incontrolado de RCD”, ha señalado la delegada, quien ha insistido en que el Gobierno de la Junta “no está dispuesto a mirar hacia otro lado en cuestiones medioambientales que preocupan a la ciudadanía, como es el caso del vertedero de Nerja, que tanto dolores de cabeza ha dado a las administraciones y a dirigentes políticos”.
En este sentido, Navarro ha recalcado que “este Gobierno va hacer ejercicio de sus competencias y poner orden ante lo que deberían haber hecho los anteriores gobiernos de la Junta, asumir sus responsabilidades, que en este caso era sellar el vertedero y proceder así a su regeneración y recuperación, para generar un espacio de uso y disfrute de los nerjeños y de los que visiten la ciudad”.
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Por otra parte, la viceconsejera ha subrayado la importancia de la medida, que se engloba dentro del nuevo Plan Integral de Gestión de Residuos de Andalucía, y “que sigue la línea de otras actuaciones que se van a desarrollar en puntos limpios, centros de transferencia, siempre buscando el objetivo de impulsar la economía circular como motor de nuevas oportunidades y de generación de empleo verde", ha matizado.
Asimismo, Navarro ha recordado que "uno de los hitos importantes para esta legislatura, y un compromiso firme del presidente Juanma Moreno es la Revolución Verde", que el Gobierno autonómico está impulsando “para convertir Andalucía en un referente en la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad”. "Con la clausura y sellado de los vertederos se pretenden solucionar los consiguientes problemas ambientales de contaminación (aguas subterráneas y superficiales, suelos...), deterioro paisajístico, inestabilidad de taludes, saturación y posibles riesgos sanitarios", ha finalizado la delegado provincial de la Junta.
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El fiscal solicitó el pasado febrero una pena de dos años de cárcel y 18 meses de inhabilitación para el regidor nerjeño por estos hechos, que volvió al cargo en junio de 2019, tras la pasada legislatura en la que estuvo en la oposición. Armijo fue anteriormente alcalde de Nerja entre 1995 y 2015. La misma pena solicita el Ministerio Público para la concejala de Urbanismo y Vivienda, así como para los siete empresarios del sector de la construcción de la localidad más oriental de la provincia que se sentarán en el banquillo de un Juzgado de lo Penal de la capital malagueña en los próximos meses. Para los ediles el fiscal pide una multa de 7.300 euros y para los empresarios de 18.250 euros.
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