La jueza del caso Julen citará a declarar a una docena de personas como testigos en las próximas semanas

La maquinaria judicial funciona sin descanso para dilucidar lo ocurrido en el caso abierto por la muerte del pequeño Julen, que perdió la vida el pasado 13 de enero tras precipitarse por un pozo ubicado en una finca de Totalán. Tras las diversas pruebas que se han recabado hasta el momento, la titular del Juzgado de Instrucción número 9, que es la que se encarga de la investigación del asunto, se ha pronunciado sobre los hechos y ha indicado que observa indicios de que se pudiera haber producido un delito de homicidio por imprudencia. Así, ha ordenado que se le tome declaración en calidad de investigado –anteriormente esta figura se denominaba imputado– al propietario del terreno en el que se encontraba la prospección.

La jueza recoge así la solicitud de la Fiscalía de Málaga y ha llamado a declarar como investigado por un delito de homicidio por imprudencia al dueño de la finca, David Serrano. Entre otros aspectos, la magistrada argumenta su decisión en aspectos como que fue el propietario del terreno el que encargó la construcción del pozo por el que se precipitó el menor y en el informe que realizó el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, que concluye que no se adoptaron medidas de seguridad –la palabra que emplea es «nulas»– para evitar accidentes, principalmente en el pozo de sondeo realizado en la parcela del Cerro de la Corona, donde sucedieron los hechos.

Durante una rueda de prensa que protagonizó acompañado por el abogado Antonio Flores Vila, socio fundador del bufete Lawbird Legal Services, que se encarga de su defensa, Serrano ofreció una explicación sobre lo ocurrido el 13 de enero: «Advertí del peligro que había –a su pareja y a los padres del menor, con los que pretendía disfrutar de una paella en el campo–, pero pensando en que alguien pudiera partirse un pie. Jamás pensé que ahí cupiera un niño. Eso no me lo voy a perdonar nunca, no haber visto ese peligro ahí», insistió visiblemente emocionado, antes de derrumbarse.

David Serrano, que consideraba que el profesional se había encargado de los permisos para el trabajo, declaró que tapó la boca del pozo con dos bloques de hormigón de color gris –tal y como adelantó SUR– y recalcó que el pocero hizo una perforación de más de 100 metros y la dejó allí «tal cual». «Unos días después de que Antonio –el pocero– se fuera, llamé a un amigo para que retirara la montaña de arena en forma de volcán –que el profesional dejó alrededor del agujero– y hacer una pequeña zapata para el muro de contención. El material no era para una casa, sino para el muro de contención. Y al fondo de la 'L' –de la zanja– estaba el pozo, que iba a quedar tapado por el muro de hormigón», aclaró.

Serrano no será la única persona que tendrá que prestar declaración ante la magistrada en las próximas semanas. Siempre según han confirmado las fuentes consultadas por este periódico, la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de la capital también ha citado a una docena más de personas, aunque, en su caso, en calidad de testigos, tal y como pidió el Ministerio Público.

Entre ellas destaca el pocero que realizó la prospección por la que se precipitó el pequeño Julen. Ante la Guardia Civil, el profesional dijo que el dueño de la finca le aseguró que tenía todos los permisos. Utilizó una máquina de rotopercusión –va buscando las partes más blandas del terreno, de ahí que el pozo no sea completamente recto– con un diámetro de 22 centímetros.

El día 17 hicieron una perforación a 150 metros en la que no hallaron agua, y el día 18 realizaron otra a 110 –por la que cayó Julen– con el mismo resultado. Según declaró, dejó toda la tierra que extrajo alrededor del pozo, como si fuera un cráter, y tapó el agujero con una piedra de 15 kilos. E insistió en que la zanja que había en el terreno cuando el menor se precipitó, no estaba en el momento en el que él hizo la perforación.

También en calidad de testigos, la jueza escuchará a los padres del menor, a la mujer del dueño de la finca y a los tres senderistas que pasaban por la zona el día de los hechos y que auxiliaron a los familiares, así como a varios guardias civiles, entre ellos el instructor de las diligencias de investigación de este caso o los dos agentes que llegaron en primer lugar a la finca.

Asimismo, el maquinista que realizó la zanja tendrá que declarar como testigo. Ante los investigadores de la Benemérita indicó que el dueño de la finca quería hacer una «zapata» para el muro de contención de la parcela. Declaró a los agentes que el dueño le pidió mover la arena –la que había dejado el pocero alrededor del agujero– porque la quería para hacer cemento, dejando el pozo a ras del terreno. Según dijo, al irse vio como el dueño de la finca tapó el agujero con unas piedras que había en la zanja y que movió con el pie.