La Fiscalía retira la acusación contra el alcalde de Vélez-Málaga por no convocar un pleno solicitado por el PP

Ahora, en sus conclusiones definitivas, el Ministerio Público ha retirado la acusación inicial, ya que a la vista del resultado de juicio oral, entiende que no existe prueba de cargo suficiente para mantener su escrito acusatorio, según han manifestado las fuentes consultadas. Por contra, el PP, personado como acusación particular en esta causa, sí ha mantenido su petición, pero sólo por el delito de prevaricación y solicita que se le imponga al alcalde veleño una pena de 15 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación. La defensa ha pedido la absolución y ha considerado que el PP no puede pedir esa condena ya que no está personado como acusación popular. El juicio ha quedado visto para sentencia.

Los hechos por los que ha sido juzgado el alcalde socialista se remontan a diciembre de 2016, cuando los entonces concejales del grupo municipal del PP en dicho Ayuntamiento presentaron una solicitud para un pleno extraordinario en el que pretendían debatir ocho puntos, económicos y laborales del Consistorio. Así, primero se celebró un pleno sólo con el punto octavo de los solicitados por el grupo del PP, mientras que la sesión plenaria con todos los puntos no se convocó hasta octubre del año siguiente, tras varios informes de distintos organismos y diversos decretos del alcalde.

Moreno Ferrer declaró ayer que «nunca se le pasó por la cabeza no celebrar un pleno municipal solicitado por la oposición», aunque apuntó que «otra cosa era cómo celebrarlo», indicando en este punto que «siempre actuó conforme a los informes que había». «No tenía interés en que no se debatieran esos puntos», aseguró. Así, en su declaración relató que hizo caso al primer informe del secretario, que aunque era «farragoso y extenso», señalaba que respecto al punto octavo del orden del día cabría celebrar pleno, lo cual se hizo, y sobre los otros siete podría requerirse la subsanación por parte del grupo solicitante.

Asimismo, explicó que dictó un decreto con un plazo de diez para que se subsanaran las deficiencias encontradas, dejando mientras en suspenso el plazo para la convocatoria; momento en el que, afirmó que se encontró con «un galimatías jurídico» y aseguró que «el secretario no emitió informe en el tiempo requerido». También señaló que pidió informes a la Dirección General del Ayuntamiento y al Consejo Consultivo y en todos los casos los decretos que emitió se realizaron en función de dichos escritos, «no de forma arbitraria»; insistiendo: «Siempre he intentado celebrar los plenos pero con los informes jurídicos pertinentes».

Fuentes próximas al regidor han apuntado a SUR que, tras conocer la posición de la Fiscalía de pedir su absolución en el juicio, se ha sentido «aliviado», porque no es plato de buen guste el verse sentado en un banquillo, porque la incertidumbre la llevas en el cuerpo«. No obstante, han reiterado que mantienen su «total inocencia», y que espera que éste sea también el pronunciamiento del tribunal de la Sección Octava de la Audiencia Provincial, compuesta por tres magistrados.

Por su parte, el portavoz del PP, Francisco Delgado, ha apuntado que, a pesar del posicionamiento del fiscal, «ha quedado claro que se incumplió la ley, pero parece que no ve constancia de que existan los delitos». «Hay dos actos que confirman esa vulneración de la ley, el informe del Consejo Consultivo y la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que declaró nulo el decreto que anuló la convocatoria del pleno que hizo el secretario», ha manifestado el líder de los populares. «Es un primer aviso a navegantes, porque la vulneración de nuestros derechos constitucionales es flagrante y continua«, ha apostillado Delgado, quien ha dicho, no obstante, que hay que esperar a conocer la sentencia del tribunal.

La Fiscalía ha considerado que existe «una duda jurídica», ya que el secretario no comunicó por escrito al alcalde que se había procedido a la subsanación de las deficiencias del primer texto de la solicitud de convocatoria del pleno presentado por el PP. El exsecretario municipal, Benedicto Carrión, reconoció ayer en su declaración como testigo que no lo comunicó por escrito, sino que trató de contactar con el alcalde "verbalmente" durante varios días, hasta que en un pleno el portavoz del PP le amenazó "con acciones legales" si no convocaba él la sesión, por lo que se fue a su despacho y lo hizo.

En la segunda sesión del juicio este jueves han declarado como testigos el exdirector general del Ayuntamiento, Rafael Tamayo; el interventor municipal, Juan Pablo Ortega; el exedil andalucista Marcelino Méndez-Trelles; la exasesora de este partido, Margarita Cervera y el edil de Hacienda, David Vilches (GIPMTM).