La Fiscalía archiva las diligencias por la ubicación de una nueva subestación eléctrica en Torrox

Los vecinos, que reclaman un cambio de ubicación y han protagonizado varias movilizaciones callejeras desde que comenzaron los trabajos el pasado verano, denunciaron ante el Ministerio Público los trabajos en marcha por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente. Sin embargo, tras encargar informes al Seprona de la Guardia Civil, y requerir documentación al Ayuntamiento torroxeño, gobernado por el PP con mayoría absoluta, y a la compañía Sevillana-Endesa, que promueve la actuación, el fiscal especializado en delitos contra la ordenación del territorio, el patrimonio histórico y el medio ambiente, ha acordado, en un escrito al que ha tenido acceso SUR, decretar el archivo de las diligencias.

«Es preciso algo más que una mera irregularidad con la normativa urbanística o medioambiental para someter al ámbito del derecho penal una conducta. Es decir, son necesarios unos mínimos indicios de delito para proceder al inicio de una investigación penal», sostiene el fiscal Fernando Benítez en su escrito, comunicado a las partes el pasado mes de marzo, y contra el que la plataforma vecinal presentó un nuevo documento en el que advertían de que las obras «avanzan a gran velocidad», e insistiendo en sus argumentos, «que no se están cumpliendo los metros con linderos públicos y privados ni la distancia establecida en la ordenanza con el eje de la carretera».

Sin embargo, para el fiscal, «el Ministerio Público no puede convertirse en una instancia de supervisión de las actuaciones de la administración, o de particulares, en general, su intervención debe limitarse a aquellos supuestos de existencia de indicios racionales de criminalidad, no de revisión de los actos de dicha administración». «Es posible que las actuaciones llevadas a cabo, puedan ser entendidas por algunos, como reprochables, puede incluso que se considere merecedora desde otros puntos de vista, civiles, administrativos, éticos, morales o políticos, pero el Ministerio Fiscal no puede regirse por otro principio que no sea el de legalidad».

El fiscal constata que el informe del Seprona de la Guardia Civil recoge que las obras ejecutadas «están amparadas con la correspondiente licencia urbanística y proyecto técnico, así como de la autorización ambiental autonómica». Asimismo, confirma que las obras afectan a una zona de dominio público hidráulico «y se está construyendo un muro de protección y defensa para las posibles avenidas del cauce público». «No se dispone de informes sobre posibles afecciones a la flora y fauna de la zona. En la zona urbana próxima existe una línea de alta tensión que será soterrada gracias a esta nueva instalación, según el jefe de obras», añade Benítez en su escrito. Asimismo, el fiscal advierte de que, desde el Ayuntamiento, «se han emitido informes técnicos y jurídicos favorables, tanto en el proyecto de actuación como en el de licencia de obras».

Por su parte, el alcalde torroxeño, Óscar Medina (PP), ha asegurado que desde el Ayuntamiento de la localidad axárquica van a seguir exigiendo a Endesa que «las radiaciones sean cero cuando entre en funcionamiento la subestación», algo que está previsto para 2025, tras una inversión de nueve millones de euros por parte de la compañía eléctrica. «Nunca he dudado de la profesionalidad de los técnicos del Ayuntamiento. No quiero alegrarme por esta resolución porque comprendo a las familias, pero los funcionarios han actuado correctamente, y todo se ha hecho con los informes técnicos y jurídicos favorables», ha apostillado. Desde el gobierno del PP vienen destacando la importancia de esta nueva subestación eléctrica, la primera de la localidad, para posibilitar nuevos desarrollos urbanísticos y evitar cortes de luz.