La Fiscalía abre diligencias por la ubicación de una nueva subestación eléctrica en Torrox

En la denuncia presentada por el colectivo vecinal, que ha protagonizado ya varias manifestaciones pidiendo que se cambie la ubicación, ante los riesgos para la salud que denuncian por las radiaciones electromagnéticas, se recogen una serie de supuestas irregularidades de las instalaciones, en las que la compañía Endesa está invirtiendo unos seis millones de euros, para garantizar el suministro eléctrico en la localidad axárquica, que ha superado ya los 20.000 habitantes empadronados.

Así, los vecinos denuncian que la parcela no cumple con lo previsto en el PGOU como superficie mínima para realizar una actuación urbanística en un suelo no urbanizable especialmente protegido. Además, consideran que también incumple el índice de edificabilidad máxima, que se está construyendo sobre una finca inundable, sin la distancia mínima de separación a linderos, «procediéndose a un retranqueo de varios metros sin proyecto de modificación», recoge el escrito en el que la Fiscalía ordena investigar esta denuncia.

Asimismo, los residentes alertan de que se utiliza aceite «altamente explosivo», que el proyecto de actuación iniciado en 2017 exigía su aprobación por el pleno «no por decreto de Alcaldía». «Se obstaculiza el paso por la zona de servidumbre del cauce, se está depositando tierra al margen del río. Surgen dudas sobre los potenciales riesgos para la salud que el desarrollo del proyecto puede provocar», sostienen los denunciantes, que alertan de la posible desaparición de diversa flora y fauna protegida, además de ejecutarse en una entorno catalogado como «colada real».

El fiscal de Medio Ambiente, Fernando Benítez, ordena en su escrito al equipo de investigación del Seprona de la Guardia Civil que investigue estos hechos denunciados y a las personas responsables por si pudieran ser constitutivos de delitos sobre la ordenación del territorio o contra el medio ambiente. Asimismo, solicita al Ayuntamiento de Torrox el expediente de la licencia de obras que se hubiese incoado, «en el que se incluyan los informes técnicos y jurídicos aportados y los informes de evaluación de impacto ambiental que se hayan realizado», advierte el Ministerio Público.

El fiscal recuerda que sus actuaciones «son de naturaleza extrajudicial, por lo que no admiten la personación de los denunciantes como acusación particular o popular». No obstante, sostiene en su escrito que «se notificará debidamente a los denunciantes la resolución que definitivamente se adopte, practicadas las diligencias acordadas». La Plataforma Ciudadana contraria a la ubicación de la subestación eléctrica ha convocado una nueva protesta callejera para el próximo 2 de diciembre, que partirá desde el Convento y llegará hasta la plaza de la Constitución, donde se ubica el Ayuntamiento torroxelo.

Por su parte, el principal partido de la oposición, el PSOE, solicitó la pasada semana revocar la licencia de obras de la polémica subestación eléctrica de Torrox. Los socialistas pidieron parar cautelarmente los trabajos ante la posibilidad de poder declarar nulo el proyecto de actuación previo al permiso. Esto mismo lo ha solicitado ya también la Plataforma Ciudadana. Por su parte, fuentes municipales han asegurado que el expediente de todo el proyecto «siempre se ha analizado y revisado con lupa por parte de los técnicos del Consistorio torroxeño».

Por su parte, el pleno aprobó a mediados del mes de octubre «buscar alternativas» a la ubicación de la subestación eléctrica. Sin embargo, las obras prosiguen. El pleno acordó por unanimidad «crear un grupo de trabajo y el gobierno del PP aludió a «un informe jurídico que advierte de prevaricación si se anula la licencia concedida a Endesa». Así, el gobierno local del PP, con mayoría absoluta, volvió a votar favorablemente a la propuesta de buscar nuevas alternativas a la ubicación de la subestación, «porque nosotros estamos con los vecinos y tampoco queremos esa ubicación, pero todo esto es el resultado de un conjunto de pasos que se han ido dando a lo largo de los años, desde que por parte del Ayuntamiento se adquiriese ese compromiso mediante la firma del convenio en el año 2005 y en 2008 se concedieran licencia e iniciasen los trámites para el desarrollo del proyecto de actuación», dijo el portavoz municipal del PP, José Manuel Fernández.

El informe jurídico asegura, según el edil torroxeño, que «la ausencia absoluta de cualquier dato que justifique los criterios de interés público a considerar para la revocación podría dar origen al ejercicio de la acción penal por los perjudicados por un posible delito de prevaricación administrativa». Además añade que para la revocación de la licencia «no concurren los requisitos del artículo 306 del decreto 550/2022 desde la perspectiva de la revisión de la licencia por motivos de legalidad, porque no se ha producido ningún cambio en el planeamiento urbanístico que es el supuesto que regula el precepto y que la licencia pudiera ser contraria a este».

Igualmente, según el gobierno del PP, el informe añade que la adopción de un acuerdo revocatorio de la licencia «a sabiendas de su ilegalidad conllevaría, además de que dicho acuerdo sería nulo y, en consecuencia, daría al posible perjudicado el derecho a reclamar los daños y perjuicio irrogados, pudieran ser constitutivos de un delito del artículo 404 del Código Penal, puesto que el dictado del acuerdo supone una absoluta incompatibilidad con el ordenamiento jurídico y con los principios que lo inspiran».

La propuesta aprobada contemplaba asimismo la constitución y puesta en marcha de un grupo de trabajo compuesto por personal técnico, político y representantes de colectivos afectados, «que disponga de toda la información con máxima transparencia» y exigir a la empresa competente «el soterramiento de las líneas de media y alta tensión que transcurran por el entorno de los centros educativos». En este sentido, Fernández dijo que ya se han mantenido contactos con Endesa y que se convocaría una reunión entre ambas partes para abordar este asunto.