El fiscal pide dos años de cárcel y 18 meses de inhabilitación para el alcalde de Nerja por el vertedero ilegal del río de la Miel

Según consta en el documento al que ha tenido acceso este periódico, el Ministerio Público le atribuye al que fuera alcalde nerjeño entre 1995 y 2015, y desde el pasado junio de 2019, un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, al igual que a la edil que ocupó el área de Medio Ambiente entre 2011 y 2015. Por ello, además de las penas de prisión e inhabilitación especial para profesión u oficio, pide que se le imponga, tanto al alcalde como a la edil, una multa de 7.300 euros, a razón de 20 euros diarios durante 12 meses.

La misma sanción plantea el Ministerio Fiscal para los siete empresarios. Además para las empresas de las que están al frente solicita una sanción de 18.250 euros, a razón de 50 euros diarios durante un año. El fiscal acuerda sobreseer el procedimiento para la exalcaldesa socialista, Rosa Arrabal, que ocupó el cargo entre junio de 2015 y junio de 2019, el que fuera concejal de Medio Ambiente el pasado mandato, Jorge Bravo (IU), y el exedil de este departamento entre 2007 y 2011 con el PP, José Miguel Jimena. En este último caso lo hace al entender que los hechos respecto a él estarían prescritos.

El Ministerio Público también exonera de toda responsabilidad a la que fuera secretaria de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta en Málaga, Carmen Molero, al no quedar acreditado que los informes que advertían de las irregularidades en el vertedero llegaran a su conocimiento, «pudiendo bien deberse la falta de actuación al descontrol y falta de eficacia de la unidad (...) lo que no permite entender suficientemente acreditada su intervención consciente y voluntaria en los hechos«, recoge el escrito de fiscal Fernando Benítez.

Respecto a Arrabal y Bravo, el fiscal sostiene que «no se ha podido acreditar que ninguno de los dos haya tenido una intervención voluntaria y decisiva en los hechos«. En su escrito el fiscal propone que en el juicio oral declaren como testigos 26 personas, entre agentes de Medio Ambiente, del Seprona de la Guardia Civil, así como Arrabal, Bravo y Jimena, además del concejal socialista José María Rivas, y el exconcejal de IU Manuel Valero, entre otros.

El vertedero del río de la Miel estuvo operativo entre junio de 1998 y septiembre de 2016. Fue autorizado por el Ayuntamiento tras la clausura de una antigua cantera de áridos, un año antes de declararse la protección del entorno como parque natural de las Sierras Tejeda, Almijara y Alhama. Durante esos 18 años, se vertieron en la zona más de 802.000 metros cúbicos de todo tipo de residuos, desde podas, construcción, amianto, pinturas y otros materiales peligrosos e inflamables.

Durante este tiempo la Junta abrió al menos cuatro expedientes sancionadores ordenando su cierre, que fueron declarados caducados. La situación del vertedero fue denunciada en varias ocasiones por IU, ecologistas y vecinos. Desde 2012 la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos de la Construcción y Demolición de Andalucía (AGRECA) remitió escritos a las administraciones alertando de la situación. En los informes periciales constan los riesgos de los vertidos para el entorno natural, donde hay un acuífero, ya que no se realizaban las tareas de separación y reciclado de los materiales, además de que las instalaciones carecían de autorización ambiental, ni de medidas para prevenir incendios. En el escrito del fiscal se recoge que devolver el terreno a su estado original supondría un coste de 10,8 millones de euros "dada la cantidad y tipología de los residuos a gestionar".

Por su parte, el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Nerja ha emitido este lunes, tras conocerse el escrito del Ministerio Público, un comunicado de prensa en el que señalan su "respeto y discrepancia" con los argumentos del fiscal. "Los cargos públicos investigados respetan la posición que mantiene la Fiscalía en dicho procedimiento, discrepando rotundamente, ya que en todo momento el comportamiento político de los investigados no se corresponde con ninguna conducta delictiva", han asegurado, al tiempo que han considerado este documento, el paso previo a la celebración del juicio en un Juzgado de lo Penal de Málaga, "como un trámite procesal más y amparándose en la presunción de inocencia, los cargo públicos investigados confían, tras la celebración del juicio, en un pronunciamiento judicial absolutorio".