Los dueños de viviendas irregulares en el campo de la Axarquía, «desamparados» con el reglamento de la nueva ley andaluza

Eugenio Cabezas

Viernes, 11 de febrero 2022 | Actualizado 22/02/2022 20:29h.

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El borrador del reglamento de la nueva ley urbanística de Andalucía, la LISTA, aprobado hace dos semanas, que sustituye a la LOUA, de 2003, no termina de convencer a los dueños de las alrededor de 25.000 viviendas irregulares que se calcula que hay en la comarca oriental, de las 50.000 de la provincia y 300.000 en el conjunto de la comunidad. La asociación de afectados SOHA (Save Our Homes Axarquía) se considera «desemparada con el nuevo texto», pues llevan desde 2006 luchando para conseguir la legalización de los inmuebles que se construyeron con licencia municipal, aunque después fueron tumbadas por la Administración regional y/o los tribunales.

Desde el colectivo, que agrupa a medio millar de propietarios y compradores «de buena fe», han dado la bienvenida a la LISTA «que, básicamente, simplifica la tramitación de muchos procesos urbanísticos». Sin embargo, aunque la intervención de SOHA, junto con otras plataformas, ha posibilitado la regularización de viviendas que se habían construido sin licencias de obras, «paradójicamente no ha visto solución ninguna para sus socios que han construido cumpliendo con los requisitos impuestos por los ayuntamientos, obteniendo y pagando los permisos de obras», ha destacado el portavoz del colectivo y exalcalde de Alcaucín por Ciudadanos, el belga Mario Blancke.

A su juicio, «tanto la administración autónoma anterior como la actual siguen haciendo oídos sordos a nuestras reivindicaciones: mantener la legalidad de nuestros permisos». «Para ello, SOHA, de manera oficial, de manera informal y a través de los medios de comunicación, hemos insistido una y otra vez en la aplicación del art. 110 de la Ley 39/2015 sobre los límites de revisión por parte de las administraciones. No pedimos una modificación de la ley, ni una nueva ley, ni un nuevo artículo de alguna ley, tan solo la aplicación de la ley», ha apostillado.

En concreto, el mencionado precepto recoge que, respecto a los límites de la revisión, «las facultades de revisión establecidas en este capítulo, no podrán ser ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes». Blancke ha lamentado que «la desgracia se cebe con nosotros». «La revisión de un acto administrativo requiere el dictamen del Consejo Consultivo. Este dictamen es preceptivo pero no vinculante. Pero, ¿quién es el guapo que ignora su dictamen? Yo lo hago cada vez que hay una votación en el pleno municipal», ha asegurado.

Según el portavoz de SOHA, el Consejo Consultivo, «puesto por la Junta, ha variado sus dictámenes». «Con la anterior administración autonómica, el Consejo Consultivo había demostrado gran sensibilidad hacía los afectados». Donde por doctrina, no jurisprudencia, el Consejo Consultivo determina el plazo de no revisión en 20 años, el anterior Consejo, en varias ocasiones, aplicó los límites de revisión en licencias de obras de 13 ó 14 años, porque nadie se podía beneficiar de una nulidad, ya que el plazo de una acción administrativa, de seis años, había prescrito, por la buena fe de los afectados y por equidad», ha explicado Blancke.

Sin embargo, ahora, según SOHA, el nuevo Consejo Consultivo ha cambiado sus dictámenes «y exige la nulidad y la solicitud de la Declaración del Asimilado a Fuera de Ordenación (DAFO), un regalo envenenado y un mecanismo para que los ayuntamientos vuelvan a hacer caja cuando ya constaba un pago anterior, con la excepción de Alcaucín y La Viñuela». «Esto es poco menos que una doble imposición», reprocha el portavoz.

Así, por ejemplo, Blancke explica que dos viviendas «con exactamente la misma huella edificatoria, construidas en el mismo año por el mismo constructor. El propietario A pide la no revisión de sus licencias estando los anteriores miembros del Consejo Consultivo en ejercicio. Acuerdan la no revisión, dejando la vivienda en situación de Legal Fuera de Ordenación. El vecino, viendo el dictamen positivo, solicita también la no revisión, esta vez con los miembros del Consejo Consultivo nombrados por la nueva administración autonómica. Ahora, el dictamen insta a declarar la nulidad de las licencias y obliga al vecino a tramitar un DAFO. Su vivienda pasa a ser ilegal». «Esto es totalmente inaceptable», concluye Blancke.