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La nueva legislación urbanística que aprobó la pasada semana el Parlamento andaluz y que está llamada a servir para desbloquear la situación de este ... sector económico en la comunidad, no termina de convencer a todos los actores implicados. La asociación Save Our Homes Axarquía (SOHA, Salvemos Nuestras Casas), que desde hace más de una década lucha por su legalización, considera que el texto, al que aún le resta su desarrollo normativo con reglamentos, «no resuelve sus problemas».
Así, en un comunicado, han considerado que la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) «es un avance positivo, en el que se han conseguido resolver varias de las reivindicaciones del colectivo en favor de la despoblación, como es el caso de los hábitats rurales diseminados». Sin embargo, han lamentado que «no termine de resolver el problema de las viviendas unifamiliares aisladas de la comarca oriental malagueña, donde se estima que hay más de 20.000 de las alrededor de 50.000 que existen en la provincia. En la comunidad son alrededor de 300.000 inmuebles.
Su portavoz, Mario Blancke, ha recordado que, en comarca oriental malagueña, «la mayoría de las viviendas afectadas por el anterior marco jurídico, tienen sus licencias, pagadas y escrituradas, y ahora, con la nueva legislación, hay que solicitar un DAFO (Declaración de Asimilado Fuera de Ordenación) y declarar tu casa ilegal», ha apostillado.
Por eso, el portavoz de SOHA ha lamentado que «estén describiendo el AFO como una solución cuando realmente es un problema en la Axarquía, donde la gran mayoría de las viviendas aisladas se construyeron con licencia». Por eso, el que fuera alcalde del Alcaucín en la pasada legislatura ha insistido en que «si existe una licencia vigente que no ha sido declarada nula, no se puede declarar AFO«.
A su juicio, «esto va a provocar agravios comparativos con las nuevas casas unifamiliares aisladas que se construyan en el suelo rural». «AFO no es una legalización como quieren hacer creer, sino que significa vivienda ilegal tolerada», ha subrayado Blancke.
Por su parte, el presidente de la asociación, Phillip Smalley, ha indicado que esta «declaración» supone volver a pagar por algo que ya se ha pagado, es decir, «una doble imposición» y ha advertido del «desajuste existente en las cantidades que los ayuntamientos y gestores cobran por los procedimientos para tramitar la declaración de AFO, «que está causando crispación entre los actuales propietarios de viviendas aisladas y en el mercado inmobiliario de la Axarquía».
El coordinador del ‘Cambio Rural’ del PP de Málaga -antiguo ‘Ágora Rural’--, Manuel Robles, ha destacado que la aprobación de la Ley del Suelo (Lista) "es la herramienta más útil para luchar contra la despoblación de nuestros pueblos, favoreciendo así su desarrollo económico y frenando la marcha de familias jóvenes”. Así lo ha expuesto el teniente de Alcalde de Comares tras la reunión de este foro, subrayando que “la Lista propone la regulación del suelo rústico con un enfoque positivo, otorgándole otros usos, además del agropecuario; vinculándolo a la explotación de los recursos naturales y que contribuyan al desarrollo del medio rural”.
En este sentido, ha explicado en un comunicado que “este nuevo marco normativo, además de facilitar la regulación de viviendas, otorgándoles por fin seguridad jurídica, también va a permitir la construcción en suelo rústico de inmuebles como fincas y cortijos, siempre bajo una serie de criterios exigentes en materia de sostenibilidad medioambiental”. Robles, que ha lamentado “la parálisis impuesta hasta hace unos días en el urbanismo de nuestra tierra”, ha señalado que “el hecho de permitir la construcción de viviendas unifamiliares o para determinados usos, como el turístico, contribuirá, sin duda, a fijar población en los pequeños municipios; algo impensable hasta el momento por la maraña burocrática que existía al respecto”, ha apostillado.
Además, el coordinador del ‘Cambio Rural’ ha reivindicado que, “gracias a la Lista, la tramitación de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) podrán realizarse en dos años, en lugar de tardar los municipios una media de diez y más para aprobar sus planeamientos”, recordando que “Macharaviaya ha tardado la friolera de 18 años en resolver su PGOU, manteniendo congelados durante casi dos décadas proyectos de mejora del medio rural y para el desarrollo de suelo residencial e industrial, incluida la construcción de una residencia de personas mayores”.
Por último, Robles ha lamentado “los 1.500 millones de euros perdidos en la negociación entre España y Europa en el marco de la nueva Política Agraria Común (PAC)”, advirtiendo de que “en estos momentos, la batalla se centra en que no nos quiten recursos a Andalucía y que los agricultores andaluces y malagueños no pierdan ingresos respecto a otras comunidades autónomas”. “La nueva PAC de Planas y Sánchez plantea una reducción de las regiones productivas y una merma de los ecoesquemas, lo que se traduciría en pérdidas de hasta un 24% en cuatro comarcas andaluzas, incluida la vega de Antequera”, ha advertido.
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