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Las vegas de Maro y Almayate son dos de las mayores extensiones de suelo, en primera línea de costa, que siguen sin urbanizarse en la provincia. En el primer caso se trata de una franja de unas 250 hectáreas de terrenos agrícolas de especial protección, ... situados sobre acantilados que alcanzan hasta los 60 metros de altura sobre el mar. Por su parte, en la capital de la Axarquía, en el término municipal de Vélez-Málaga, junto a la desembocadura del río, son unas 210 hectáreas de suelos agrícolas, en primera línea de playa.
En ambos casos se trata de terrenos que son propiedad de la Sociedad Azucarera Larios S. L., desde hace más de un siglo, y se dedicaron tradicionalmente al cultivo de la caña de azúcar. En las últimas décadas se han sustituido por hortalizas y subtropicales. Desde hace varios años la empresa está tratando de que sean reclasificados para impulsar el desarrollo de 1.901 viviendas, de las que 1.221 irían en la vega junto al cauce bajo del río veleño y otras 680 al norte de la antigua N-340 en Nerja, en el entorno de la fábrica de azúcar de San Joaquín y Santa Ana.
Ambas actuaciones siguen su tramitación ante la Junta de Andalucía, según han confirmado a SUR fuentes de Larios. En los dos casos están aún pendientes de los correspondientes informes medioambientales para proseguir con la modificación de los respectivos Planes Generales de Ordenación Urbanística (PGOU), toda vez que ambos suelos están catalogados en los vigentes documentos como no urbanizables y agrícolas protegidos. Vélez-Málaga aprobó el pasado noviembre, de manera inicial, la revisión de su planeamiento urbanístico, en el que, entre otros proyectos, contemplaba este desarrollo, hasta sumar un total de 10.100 nuevas viviendas en el municipio.
Respecto al llamado 'Área de Oportunidad 'del delta del río Vélez, desde Larios han apuntado que, tras la firma del convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y la empresa, en julio de 2018, se presentó en el Ayuntamiento el documento inicial estratégico el 26 de septiembre de 2019. «Esperamos que en los próximos meses se reciba el documento de alcance, al haber pasado ya más de 18 meses desde su presentación», apuntaron desde la sociedad promotora.
En el caso de Maro, el convenio urbanístico se aprobó en un pleno en abril de 2021, firmándose formalmente en junio pasado, y una vez publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), «y alcanzada la firmeza administrativa, se presentó el 9 de noviembre de 2021 en el Ayuntamiento de Nerja el documento inicial para la evaluación ambiental estratégica, primer documento del procedimiento administrativo», apuntan desde Larios.
Según la empresa, este documento se remite a la Consejería de Desarrollo Sostenible «para su informe y coordinación con el resto de las administraciones competentes». «Una vez que Medio Ambiente emita el documento de alcance, que puede tardar entre 9 y 18 meses en emitirlo la Consejería, se podrán iniciar el resto de los expedientes», apostillan desde Larios.
Respecto a la posible incidencia del conflicto abierto desde hace varios años en el seno de la familia Larios, del que este periódico se hizo eco el pasado octubre, en estos dos proyectos urbanísticos en la Axarquía, las fuentes de Larios consultadas por SUR apuntan que el enfrentamiento «es entre los socios de la sociedad matriz y no afecta en las sociedades filiales, las cuales se encuentran plenamente operativas».
En julio de 2020, cuando el proyecto de Maro comenzó a reactivarse en los despachos del Ayuntamiento tras su exposición pública, el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, en una visita a Nerja, aseguró que la actuación, que contempla un campo de golf de 18 hoyos, las mencionadas 680 viviendas, hoteles de lujo y zonas comerciales, «tiene que tener todas las garantías medioambientales».
El proyecto residencial y turístico de Maro se ha encontrado con la oposición del PSOE, Unidas Podemos y la Plataforma Otra Maro y Nerja es Posible, integrada por más de una treintena de colectivos y organizaciones sociales y ecologistas, que llegaron a reunir más de diez mil firmas en contra de la actuación urbanística y se movilizaron el pasado abril en contra de la actuación.
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