La desaladora de la Axarquía sigue sin terrenos: barajan tres alternativas de ubicación

Así, al menos, lo ha estimado a SUR el presidente de la Junta Central de Usuarios del Sur del Guaro, José Campos, quien ha detallado que los trabajos de elaboración de un proyecto básico de la actuación, financiados por los regantes y la Mancomunidad, con unos 600.000 euros, han sido encargados a una consultora malagueña, que está estudiando hasta tres posibles ubicaciones. «Es lo que nos ha pedido desde el Ministerio y desdeAcuamed, porque albergan dudas sobre la primera ubicación planteada junto a la depuradora de Vélez-Málaga«, ha expresado este agricultor veleño.

De esta forma, las tres posibles ubicaciones que están en estudio, de nuevo, son la situada junto a la depuradora, en la margen izquierda del cauce del río Vélez; otra en la margen derecha, en el entorno de la vega de Almayate, y una tercera junto al río Seco, entre Torre del Mar y Caleta de Vélez. «En todos los casos hay posibilidades de conexión con las redes de regadío y abastecimiento, por lo que la ubicación no es un problema, la clave está en los emisarios submarinos y en las tomas de entrada del agua», ha considerado Campos.

En un principio, la planta tendrá una capacidad máxima inicial de 25 hectómetros cúbicos anuales, que se repartirían, al 50%, entre la empresa pública de aguas de la Mancomunidad Oriental, Axaragua, para darle suministro a los 14 municipios de la comarca que actualmente dependen del embalse de La Viñuela, y los regantes del Plan Guaro, tanto los de la margen izquierda, agrupados en la Junta Central de Usuarios de la Axarquía, como los de la derecha, en la Junta Central de Usuarios del Sur del Guaro.

«Aún está por definir cómo va a ser la fórmula de la gestión de la desaladora, si nos la van a ceder a los usuarios finales, que tendríamos que crear un ente común, entre la Mancomunidad y los regantes, o si la gestionaría Acuamed directamente», ha expresado Campos, quien a pesar del escepticismo que cunde en la comarca oriental sobre las posibilidades reales de que algún día sea una realidad la desaladora pública, quiere ver el vaso medio lleno y confía en que se ejecute «en un horizonte de cuatro o cinco años como máximo».

«Voluntad hay por parte de todas las administraciones, es lo que nos muestran desde el Ministerio, Acuamed y la Junta de Andalucía, solo falta que le den el empujón definitivo y estamos todos en ello», ha considerado Campos, un auténtico 'visionario' sobre la búsqueda de recursos alternativos a las aguas embalsadas de la presa viñolera desde hace más de quince años. No en vano, desde 2008, cuando se produjo el anterior periodo grave de sequía y el embalse se quedó con apenas 15 hectómetros, este agricultor impulsó la conexión de la depuradora de Vélez-Málaga con una gran balsa de 83.000 metros cúbicos en la zona de La Crujía, que ejecutó el Ministerio y ahora están pagando los agricultores por medio de un canon.

Una fórmula, por cierto, que sería idéntica a la planteada por la desaladora pública, ya que, tal y como ha advertido Campos, «nos adelantan los cien millones de euros que cuesta hacerla, pero después nos cobran ese dinero vía canon durante 25, 30 ó 40 años, también está pendiente de definirse», ha apostillado. Así, la consultora malagueña encargada de elaborar el proyecto básico está preparando toda la documentación para hacer posible la iniciativa pública, lo que incluye la solicitud, el convenio regulador y la creación del ente gestor.

Una vez que el proyecto básico sea entregado al Ministerio para la Transición Ecológica, la empresa pública Acuamed, a la que ya se le ha encomendado su ejecución, será la encargada de construirla. Pero Campos cree que la iniciativa no puede quedarse en los 25 hectómetros cúbicos inicialmente previstos, «porque las necesidades de toda la comarca son mucho mayores, por encima de la cota de 140 metros del Plan Guaro», ha apuntado. «Esos 25 hectómetros cúbicos son los que vienen recogidos en el Plan Hidrológico Nacional, pero estamos trabajando para que el proyecto tenga todas las autorizaciones para poder ampliarse en un futuro al doble de capacidad», ha añadido.

Por su parte, respecto al proyecto de la desaladora privada impulsada por la Junta de Andalucía, Campos ha considerado que no tiene porqué paralizarse, «aunque eso depende de la Junta», ha puntualizado. «Puede que continúe el proceso y se acabe declarando desierto, lo que está claro es que solo es posible disponer de agua desalada a un precio asumible para los agricultores y los vecinos si es de una desaladora pública, porque está bonificada por ley a un máximo de 50 céntimos el metro cúbico», ha advertido. Las iniciativas privadas planteaban un coste de entre 80 céntimos y un euro por cada mil litros de agua desalada.