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E. CABEZAS
Domingo, 3 de octubre 2021, 00:00
El concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Nerja, José García, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente, la Guardia Civil y el Ministerio para la Transición Ecológica por unas supuestas irregularidades en los trabajos de restauración medioambiental que desde el pasado ... mayo está ejecutando la Junta en el antiguo vertedero ilegal del río de la Miel, con un coste de 1,6 millones, que funcionó entre 1998 y 2016 y que está pendiente de juzgarse.
El Juzgado de lo Penal número 15 de Málaga ha fijado para febrero y marzo de 2022 las sesiones del juicio que sentará en el banquillo al alcalde, José Alberto Armijo (PP), a la concejala de Urbanismo, Nieves Atencia (PP), y a seis empresarios del sector de la construcción de la zona. Para los ocho, el Ministerio Público pide una pena de dos años de prisión y 18 meses de inhabilitación para profesión u oficio por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por la existencia de este vertedero dentro del parque natural Sierra Almijara.
«Según la estimación de la Fiscalía, hay unos 800.000 metros cúbicos de residuos que suponen un elevado riesgo para el medio ambiente, tan sólo se han y se están realizando labores de enterramiento y sellado con tierra aportada y extendida con maquinaria pesada. Esto no parece llevar el fin de reparar los daños causados al medio, sino, que más bien tiene el propósito de desviar, eludir y la eliminación de pruebas de la comisión del delito», sostiene el edil en su denuncia.
En su escrito de calificaciones provisionales de cara a la vista oral que tendrá lugar entre febrero y marzo de 2022 en el Juzgado de lo Penal número 15 de la capital, el Ministerio Público cifró en 10.738.110,49 euros el coste para la restauración de los terrenos del antiguo vertedero.
El Ayuntamiento de Nerja aprobó en octubre de 2020 que la eventual condena a los dos políticos en activo sería afrontada, de manera subsidiaria, por las arcas municipales, al producirse los hechos en el ejercicio de sus cargos públicos, por lo que se les afianza «como funcionarios del Ayuntamiento».
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