Citan a declarar como investigado al alcalde de Nerja por presuntas irregularidades en un plan especial de limpieza estival

La citación se produce tras la denuncia, en forma de querella, interpuesta por el concejal no adscrito, José García, contra los trámites llevados a cabo por el gobierno del PP, al entender que se podrían haber cometido supuestos delitos de prevaricación administrativa y malversación. La denuncia iba dirigida también contra otros tres concejales del equipo de gobierno (Gema García, Francisco Arce y Ángela Díaz) y la secretaria del Consistorio María García, para esclarecer la presunta comisión de delitos en la adjudicación del citado plan de limpieza.

El Juzgado número 1 de Torrox abrió las diligencias el pasado mes de diciembre y ahora ha acordado inhibirse en favor del número 2, según consta en un auto al que ha tenido acceso SUR. Este otro juzgado tenía abiertas otras diligencias anteriores por estos mismos hechos, a raíz de una denuncia en la Fiscalía de los grupos PSOE y Adelante Nerja Maro. En un auto, al que tuvo acceso este periódico, la jueza señalaba el pasado diciembre que, según las actuaciones practicadas hasta el momento, los hechos «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal» y puntualiza que, «no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido», procede instruir diligencias previas «y practicar aquellas esenciales» para determinarlo.

La querella presentada por este edil dio continuidad a las acciones que el grupo Unidos por el Pueblo de Nerja (Upner), del que García era portavoz, inició en su momento por la vía contencioso-administrativa y que derivaron en la anulación este pasado verano del decreto de adjudicación tras un recurso de reposición del PSOE, y a la condena en costas al Consistorio, por valor de hasta 1.500 euros, pese a lo cual el concejal anunció que seguiría adelante para esclarecer las posibles irregularidades cometidas.

En su demanda, el ahora edil no adscrito solicitaba al juzgado el inicio de los procedimientos necesarios para determinar si en el mencionado proceso de adjudicación pudieron cometerse por parte de los responsables municipales presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Según recogía el escrito de denuncia, este servicio se adjudicó en julio de 2019 como un contrato menor por un periodo de un mes y un importe de más de 269.000 euros, pese a existir un informe de disconformidad del interventor municipal al superarse el umbral máximo establecido para esta figura, que para contratos de suministro o de servicios es de 15.000 euros. La demanda detallaba que posteriormente se prorrogó el contrato con la adjudicataria por un plazo de mes y medio más y un importe de más de 410.000 euros y que al finalizar este periodo se produjo otra ampliación del contrato por mes y medio más, hasta el 15 de noviembre, en esta ocasión por algo más de 366.000 euros.

«Por tanto, a los querellados no les basta con proceder a la contratación de unos servicios infringiendo toda la tramitación correspondiente del sector, sino que además, contraviniendo la misma normativa, proceden a su prórroga de tal manera que instrumentalizan la figura del contrato menor para contratar unos servicios por importe de 1.046.358,28 euros«, señalaba la querella. Además de la presunta tramitación irregular y del coste final para las arcas públicas, la querella también destacaba el hecho de que con esta forma de proceder »se ha vulnerado el derecho de las restantes empresas a participar« en el procedimiento y, por tanto, a optar a la adjudicación de dichos contratos.

El gobierno del PP viene defendiendo en este último año que el procedimiento se realizó por urgencia debido a «razones de salubridad», por la suciedad acumulada en las calles, justo cuando comenzaba una nueva temporada veraniega en 2019, tras la legislatura anterior, con un gobierno tripartito en minoría, de PSOE, IU y EVA-Podemos. Los reparos del interventor para el pago de las facturas a la empresa FCC fueron levantados en los plenos municipales con los votos favorables PP, Cs y Vox, con el rechazo de PSOE, Adelante Nerja-Maro y el edil no adscrito.