Cifran en 2,6 millones «el perjuicio» al Ayuntamiento de Vélez-Málaga por la falta de mantenimiento del tranvía

Sin embargo, a pesar de que llegaron a ser adjudicados los trabajos de una primera fase de reparación de las infraestructuras, valorados en 4,1 millones, siguen sin ponerse en marcha. El equipo de gobierno bipartito, de PP y GIPMTM, llegó a amagar con tirar la toalla con el proyecto «por el elevado coste» el pasado mes de septiembre, y porque no se iban a poder cumplir los plazos de ejecución previstos. Sin embargo, el PSOE ha anunciado esta semana que desde el Gobierno central se va a conceder una prórroga de un año para justificar la subvención de 3,7 millones de euros. Sin embargo, fuentes municipales han replicado que «no tienen aún constancia documental de esta decisión».

En este contexto, SUR ha tenido acceso a un informe elaborado por la consultora Grant Thornton en el que se cifra en 2.598.259,62 euros «el perjuicio económico que habría ocasionado al Ayuntamiento la empresa concesionaria, Travelsa, por la falta de mantenimiento de las cocheras del tranvía», tal y como se estipuló en la modificación del contrato aprobada en mayo de 2012 por el entonces equipo de gobierno del PP con mayoría absoluta liderado por el alcalde Francisco Delgado.

En aquel acuerdo de hace casi doce años se estableció que el mantenimiento de la red correría a cargo del Ayuntamiento veleño (algo que tampoco ha ocurrido), a excepción de las cocheras donde se guardan los trenes, que correspondería a la empresa concesionaria. «El perjuicio económico se corresponde con el mayor valor de las actuaciones de puesta en marcha del servicio tranviario a incurrir por el Ayuntamiento, como consecuencia del estado en el que se encuentran las infraestructuras ubicadas en las instalaciones de Travelsa, debido a la desatención en los trabajos de mantenimiento de estas infraestructuras por parte de la explotadora», sostiene el informe, que fue entregado en el Consistorio el pasado diciembre.

A juicio de estos consultores, «el mantenimiento de las infraestructuras, equipos y herramientas ubicadas en las instalaciones de Travelsa constituye parte de las obligaciones de la explotadora, contenidas en el pliego de prescripciones técnicas particulares que forma parte del contrato de adjudicación del servicio de transporte». Para Grant Thornton «dichas obligaciones no han sufrido modificaciones en sus niveles de servicio durante la etapa de inactividad del servicio tranviario».

«A consecuencia de lo cual, las partidas de gasto relativas a estas obligaciones siguieron estando incorporadas en el cálculo de la tarifa con la que se han retribuido los servicios de transporte prestados por la explotadora durante la citada fase de inactividad del servicio», apostilla el informe, que desglosa esta cantidad en hasta 17 apartados diferentes: instalaciones eléctricas e iluminación, sistemas de protección contra incendios, climatización, ventilación y extracción, trabajos de obra civil, grupos de presión de aire comprimido, sistemas de catenaria, carriles de vía, puestos de operación y control, circuitos de televisión y telecomunicaciones, carpintería metálica, puertas de acceso y vallado perimetral, herramientas y foso de trabajo, limpieza, pintura, subestación, lavado y seguridad, medioambiente e ingeniería.

Cabe destacar que la concesión del servicio de transportes municipal se realizó en 2005 por un periodo de 25 años, por lo que caducará en 2030. En otro informe elaborado por la firma internacional Abengoa en 2021, al que también ha tenido acceso SUR, se cifra en 8.058.302,62 euros el coste total estimado para reparar las infraestructuras tranviarias, que han sido gravemente vandalizadas y dañadas por la falta de mantenimiento y vigilancia durante estos doce años, y poder volver a ponerlas en servicio.

Por su parte, el PSOE ha presentado una moción para su debate en el pleno ordinario del mes de abril, que se celebra este viernes, en la que se propone que se den a conocer los resultados de esta auditoría realizada por Grant Thornton y que «se traslade a los servicios jurídicos del Ayuntamiento», de manera que «se inicien los trámites pertinentes para reclamar a la concesionaria el importe de los perjuicios causados a la concesión». Fuentes socialistas criticaron que el gobierno del PP y GIPMTM haya «mantenido guardado en un cajón» este documento y que se rechazara el encargo realizado en la pasada legislatura de otro informe sobre el tranvía al Colegio de Ingenieros de Caminos de Málaga, que preside Ángel García.