La Cámara de Cuentas detecta más de 50 irregularidades en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga en el ejercicio de 2018

En el resumen, que ocupa nueve páginas, se recuerda que el Parlamento andaluz aprobó en 2012 la inclusión de Vélez-Málaga en el régimen de organización de municipios de gran población. «El resultado presupuestario ajustado de 2018, que figura por 9.864.083,85 euros, no refleja la imagen fiel de la realidad que representa, como consecuencia de errores en el cálculo de las desviaciones de financiación del ejercicio, con origen en el cálculo erróneo de los coeficientes de financiación de los gastos», señala el organismo público.

En el documento se advierte de que la entidad fiscalizada «no dispone de un inventario actualizado de bienes incluidos en el Patrimonio Municipal del Suelo».  Además, según el informe, el remanente de tesorería de 2018 «no refleja la imagen fiel de la realidad que representa, sin que sea posible rehacer su cálculo por falta de información».

La Cámara de Cuentas advierte de que las deudas con entidades de crédito «deberían figurar en la contabilidad de 2018 cuantificadas con un saldo inicial de 40.771.318,55 euros y otro final de 32.595.245,72 euros, en lugar de estar recogidas por menos 8.590.081,76 euros y menos 10.120.463,52 euros, respectivamente, como consecuencia de pasivos no contabilizados». Además, «en la liquidación del presupuesto de gastos de 2018 hay obligaciones reconocidas, y que están pendientes de pago, por 1.029.868,45 euros, y que no deberían haberse contabilizado por no haber tenido lugar en dicho ejercicio la amortización anticipada de tales deudas, sino en 2019».

Por otro lado, el Ayuntamiento veleño tiene contabilizado un saldo acreedor negativo de 1.694.099,8 euros en la cuenta de otros acreedores no presupuestarios por el derecho de repetición frente a Emvipsa, al haber pagado a la Agencia Estatal de Administración Tributaria deudas de esta sociedad municipal, en lugar de estar contabilizado en la cuenta de otros deudores no presupuestarios por más 1.694.099,80 euros. Además, la entidad local aprobó la devolución fraccionada de dicho importe por parte de Emvipsa por un periodo de diez años, a partir de 2016, «sin que haya tenido lugar, sin embargo, dicho reintegro fraccionado ni en 2016, ni en 2017 ni en 2018».

En el informe se recoge que el Ayuntamiento veleño tenía una deuda aplazada con la Tesorería General de la Seguridad Social por 536.281,41 euros a comienzos de 2018 y que no estaba registrada en la contabilidad. También arrastraba una deuda contraída con el Ministerio de Hacienda y Función Pública a comienzos de 2018 por 2.244.054,16 euros, «y que está mal contabilizada en la cuenta de acreedores por devolución de ingresos».

Tras el trabajo de fiscalización se ha podido comprobar que la entidad local «realizaba desde, al menos, el año 2008 operaciones de cobro en metálico a través de cajas situadas en las dependencias municipales de Deportes, Cultura y en la Policía Local». «Los cobros efectuados en 2018 alcanzan la cifra de 390.643,05 euros. Pese a ello, la cuenta de caja operativa no ha tenido movimiento alguno en 2018, siendo nulo su saldo inicial y final», según recoge el informe.

En cuanto al cumplimiento de la legalidad, la opinión recogida en el informe indica que, las actividades, operaciones presupuestarias y financieras, y la información reflejada en las cuentas anuales del ejercicio de 2018 «no resultan conformes con la normativa aplicable a la gestión de fondos públicos debido a la importancia de los incumplimientos detectados».

En el apartado de la la estructura organizativa y las entidades dependientes, el estudio concluye que la corporación ha incumplido el artículo 128 de la Ley 7/1985 reguladora de las bases del régimen local «al no haber adecuado su organización municipal a la propia de un municipio de gran población». La entidad local ha realizado aportaciones de efectivo a la sociedad participada Emvipsa por 1.750.357 euros durante la vigencia del plan de ajuste del Ayuntamiento, «incumpliendo con ello el primer apartado de la disposición adicional novena de la ley».

Por otro lado, la sociedad municipal Emssa ha presentado resultados de explotación negativos durante dos ejercicios consecutivos «sin que haya quedado automáticamente disuelta, tal y como exige la disposición adicional novena de la ley». El informe constata que cinco profesores de la Escuela Municipal de Música y Danza, que gestionaba la Fundación para el Fomento de la Cultura, la Educación y el Desarrollo, han sido incorporados al Ayuntamiento como trabajadores laborales indefinidos no fijos, «sin que se haya realizado un proceso de selección pública, por lo que no se ha respetado los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad».

En el informe se destaca que el interventor no ha formado la cuenta general de 2018, ni la de los años 2016 y 2017, «lo que está tipificado como infracción muy grave». Las modificaciones presupuestarias son otro apartado donde el informe se extiende, con una decena de incumplimientos. Así, hay un expediente en el que se tramitan conjuntamente un crédito extraordinario y un suplemento de crédito por 5.326.380,9 euros, «cuya aprobación definitiva produciría efectos una vez finalizado el ejercicio al que se refiere el presupuesto que se modifica, por lo que incumple el principio de anualidad presupuestaria». Además, estas dos modificaciones se financian con cargo al remanente líquido de tesorería de 2017, «si bien existe la certeza de que el importe de esta magnitud no ha sido calculado de forma correcta por la entidad».

En cuanto al control interno, la Cámara de Cuentas advierte que la entidad no se ajusta al esquema nacional de Seguridad, los expedientes administrativos no tienen formato electrónico, la relación de puestos de trabajo (RPT) no está publicada en el portal de transparencia y las plazas de tres de los ocho funcionarios interinos, que fueron nombrados antes de 2018 para cubrir plazas vacantes, no se han incluido en la oferta de empleo público del año de su nombramiento ni en la siguiente. «Hay otros dos funcionarios interinos que han prestado servicios en 2018 superando el límite temporal de seis meses», apostilla.

Junto a los 61 trabajadores laborales indefinidos no fijos que había reconocidos en el Ayuntamiento a 31 de diciembre de 2018, «hay al menos otros cinco que han sido contratados como laborales temporales y que han prestado servicios en el Ayuntamiento por un tiempo superior al permitido legalmente». «Estos 66 trabajadores han accedido al Ayuntamiento incumpliendo los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad», agrega la Cámara de Cuentas, que señala que hay 18 trabajadores laborales que no tienen plaza ni en la plantilla orgánica ni en la presupuestaria, lo que supone un incumplimiento legal», sostiene.

«No hay constancia de la aplicación efectiva de criterios objetivos para la percepción del complemento de productividad y la determinación del complemento específico de 2017 no ha ido precedida de una valoración de los puestos de trabajo. Además, se aprecian diferencias entre el complemento específico de la RPT y el abonado en las nóminas sin que exista constancia de la aprobación de tal modificación por el pleno», sostiene el organismo andaluz. La entidad local incumple el plan de ajuste de 2012, que preveía un saldo nulo para la cuenta de acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a finales de 2018, «hecho que no ha tenido lugar».

El organismo señala que «hay servicios de limpieza, conserjería y mantenimiento de edificios públicos prestados por Emvipsa después de haber finalizado el periodo de vigencia de la encomienda de gestión, de abril de 2016, «situación que se mantiene a la fecha de finalización de los trabajos de campo». Además, desde mayo de 2015 «Emvipsa emite facturas en las que los conceptos facturados por el servicio de limpieza, conserjería y mantenimiento de edificios públicos incluyen prestaciones que no fueron encomendadas».

En el apartado de la tesorería, el informe señala que las cajas de efectivo situadas en el teatro, en la Policía local y en las instalaciones deportivas municipales «no han sido autorizadas previamente por el órgano de recaudación» y el cobro en efectivo en las instalaciones deportivas municipales «es realizado por personal laboral y no por funcionarios públicos».

En cuanto al remanente de tesorería, de los 48.504.791,25 euros de derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados, «hay 23.218.474,89 euros que pudieran estar prescritos si la entidad no ha adoptado ninguna de las medidas de interrupción de la prescripción previstas en la legislación», y 2.137.572,86 euros «que deberían haberse cancelado por incobrabilidad». Por último, el Ayuntamiento veleño ha incumplido el límite de la deuda comercial al ser su periodo medio de pago global a proveedores de 111,48 días, superior a los 30 días que establece la normativa aplicable.