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Los ayuntamientos de la Axarquía siguen tomando medidas para tratar de ahorrar agua ante la extrema sequía. El Consistorio de Benamargosa, uno de los ocho que sufre restricciones nocturnas en la comarca oriental, ha hecho público un bando firmado por el alcalde, Salvador Arcas (PSOE), en el que advierten de sanciones de hasta 3.000 euros por el «consumo irregular» de agua ante la situación crítica que está atravesando la pequeña localidad, de apenas 1.600 habitantes, que presumía de ser una ribera tropical. Miles de fincas de aguacates y mangos se están secando en el municipio.
En el bando difundido a través de las redes sociales, el regidor socialista advierte a sus vecinos de que «la persona que defrauda, además de cumplir la pena que le corresponda por el delito, deberá pagar por el consumo defraudado». A tal fin, el Ayuntamiento benamargoseño va a iniciar una campaña de inspección de contadores de agua para la regularización del consumo domiciliario y detectar posibles enganches ilegales para defrauda, evitando que el agua pase por el lector municipal.
La iniciativa se pondrá en marcha a partir de la próxima semana. Por el momento, el Consistorio no ha interpuesto aún ninguna sanción de este tipo. En concreto, el bando del alcalde recoge que «debido a la escasez grave de recursos hídricos para el abastecimiento en la comarca de la Axarquía, que se mantiene en situación excepcional de emergencia por sequía extraordinaria, se va a iniciar una campaña de inspección de contadores de agua para la regularización del consumo domiciliario y denuncia de los infractores».
En el mismo se remarca que en el Código Penal, en los artículos 255 y siguientes, aparece que "será castigado con la pena de multa de tres a doce meses el que cometiere defraudación utilizando energía eléctrica, gas, agua, telecomunicaciones u otro elemento, energía o fluido ajenos, por medios como mecanismos instalados para realizar la defraudación; alterando maliciosamente las indicaciones o aparatos contadores; o empleando cualesquiera otros medios clandestinos".
Salvador Arcas incide en el bando en que «la sanción puede llegar hasta los 3.000 euros, y la persona que defrauda, además de cumplir la pena que le corresponda por el delito, deberá pagar por el consumo defraudado». Además, recuerda que «es un delito que afecta a todas las personas usuarias del servicio de agua y provoca incidencias en la continuidad del servicio que prestamos, más aún en la grave y extrema situación de sequía que padecemos».
El alcalde destaca «la dramática» situación que vive la población de Benamargosa, dedicada en su mayoría a la agricultura de los subtropicales, "que han hecho fuertes inversiones en los últimos años para sembrar y poder ganarse la vida", puntualiza. «Sin agua el pueblo se muere, la gente se va a marchar porque no hay trabajo. Vamos a protestar y a reclamar soluciones a donde haga falta, ante la Junta de Andalucía y el Gobierno central», apostilla.
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