Recibe 4,7 millones de indemnización a los 80 años por un despido de hace tres décadas en Torrox

Punto y final a un culebrón judicial que ha mantenido en jaque las cuentas del Ayuntamiento de Torrox desde 1990. El alcalde, Óscar Medina (PP), y el que fuera recaudador de la Villa durante los años setenta y ochenta, Antonio Barragán, han hecho efectivo este martes ante notario un acuerdo de liquidación de la indemnización pendiente por haber sido despedido hace ahora tres décadas sin los tres meses preceptivos de preaviso que estipulaba el contrato firmado entonces.

A sus casi 80 años, el exrecaudador municipal, que reside en la localidad sevillana de Coria del Río, ha recibido en total 4,7 millones de euros, mientras que el Ayuntamiento da por finalizada una de sus páginas de mayor controversia «por las constantes negligencias cometidas por el Ayuntamiento en la defensa de los intereses de nuestros vecinos durante todo el proceso», ha afirmado Medina, abogado de profesión, tras firmar el acuerdo ante notario con el representante legal de Barragán, el abogado Antonio Sánchez. El acuerdo contraído entre ambas partes se ha hecho efectivo con un último pago de 3,5 millones de euros, que se hará realidad en un plazo máximo de seis meses. Los 1,2 millones restantes los percibió ya el exrecaudador en los años noventa y dos mil tras sucesivos fallos judiciales a su favor.

El 2 de febrero de 1990, el pleno de la corporación, estando presidido entonces por el socialista Ildefonso Mateos, acusó al recaudador de abandono de sus funciones en las cuentas entre 1988 y 1989 y acordó prescindir de sus servicios sin concederle los tres meses de preaviso estipulados en el contrato firmado entre ambas partes. A partir de ahí se inició un culebrón judicial en el que el trabajador llegó a pedir ser indemnizado por un montante de más de 12 millones de euros, lo que ha mantenido en jaque las cuentas del Consistorio, obligando al embargo de varias parcelas urbanizables de propiedad municipal situadas en la zona de Calaceite.

El expediente jurídico que comenzó en el siglo pasado se ha cerrado después de que fueran aceptadas, al menos en parte, las alegaciones presentadas por Medina en diciembre de 2016 y los tribunales redujeran hasta los casi 4,6 millones la indemnización en una sentencia firme dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en noviembre de 2017. El alcalde apuró una última negociación entre las partes y presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que está pendiente de resolverse. Finalmente, ambas partes han acordado definitivamente la cantidad de 3,5 millones de euros para dar carpetazo al asunto y permitiendo así que, al menos, el Ayuntamiento se haya ahorrado hasta 7 millones de euros, según ha destacado el alcalde.

"A pesar del difícil momento que vivimos por la crisis del coronavirus, considero que ha sido el mejor acuerdo para dar por finiquitado este asunto, que es uno más de los muchos pufos que dejaron los socialistas en el Ayuntamiento", ha valorado el alcalde en declaraciones a SUR. El regidor, que gobierna desde 2015, ha destacado que van a poner en marcha en los próximos meses "un plan de empleo especial y otro de obras, además de llevar a cabo una rebaja masiva de impuestos para los vecinos para hacer frente a los efectos de la crisis económica derivada de la pandemia".