El Ayuntamiento asumirá la posible condena económica al alcalde de Nerja y la edil de Urbanismo por el vertedero ilegal

Agreca cuestiona los anuncios del Consistorio y la Junta de Andalucía

La Asociación de Empresas Gestoras de Residuos de la Construcción y Demolición de Andalucía (AGRECA), que ejerce la acusación particular en este proceso judicial, ha criticado duramente los anuncios realizados por el Ayuntamiento de Nerja y la Junta de Andalucía con respecto al caso del vertedero ilegal del río de la Miel. Sobre la intención municipal de afrontar el pago de las posibles condenas civiles, la patronal del sector ha considerado que, "desde un punto de vista puramente técnico nos parece una resolución de dudoso ajuste a derecho, y desde luego, moralmente reprobable".

"Una cosa es que el Ayuntamiento sea declarado responsable civil subsidiario y otra que sea primer responsable civil de presuntos delitos cometidos por personas físicas, indistintamente de si éstas están ejerciendo un cargo", han apuntado desde Agreca en un comunicado. "Se hace responsable económico al ciudadano de una gestión personal de unos pocos responsables políticos, haciendo que todos paguen por sus presuntas irregularidades o actuaciones en fraude de ley", han añadido.

A su juicio, la resolución municipal "no sólo protege irresponsablemente a dos de sus autoridades políticas", en referencia a Armijo y Atencia, "sino que además sitúa las arcas municipales como garantes, por delante incluso de la responsabilidad de los propios empresarios privados, ejecutores últimos de los presuntos delitos", han apostillado.

Por su parte, respecto al plan de restauración de la antigua cantera por parte de la Junta, Agreca califica de "sorprendente" que las autoridades de la comunidad autónoma incluyan este vertedero en el plan de restauración de vertederos de Andalucía, "por cuanto que es una instalación sujeta a un procedimiento judicial, en la cual hay unos presuntos responsables, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público".

"Con esa decisión se están cometiendo dos graves injusticias, la primera trasladan al conjunto de la ciudadanía andaluza la responsabilidad financiera de una mala práctica y de un presunto delito y, por otro lado, se minimiza la importancia de este vertedero ilegal, contradiciendo documentos técnicos y judiciales y reduciendo irresponsablemente el dinero necesario para su restauración ambiental a una mera operación de maquillaje y enterramiento sin la restauración que el procedimiento judicial podría establecer una vez que éste finalice", han manifestado.

Para Agreca, "da la impresión de que alguien quiere tapar este presunto delito ambiental antes de que la justicia determine quienes son responsables de su ejecución y de la financiación de esos trabajos a través de las correspondientes sanciones y multas".