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El juicio por el ‘caso Arcos’, sobre la presunta corrupción urbanística en el municipio de Alcaucín, está llegando a su fin, por lo que esta semana se han conocido las conclusiones definitivas e informes finales. Han pasado ya ocho años desde que diera comienzo la investigación, que partió de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en 2008 y que durante un tiempo ha pesado como una gran losa sobre el urbanismo en el municipio. Los hechos investigados sucedieron supuestamente en el municipio después de la elección de José Manuel Martín Alba como alcalde por el PSOE en 1991 y hasta 2009, que fue cuando se practicó su detención y dimitió del cargo. Martín Alba fue detenido en febrero de 2009 y estuvo en prisión hasta junio de ese mismo año, mes en el que salió en libertad tras pagar 120.000 euros de fianza. Tras su arresto fue dado de baja en el PSOE y abandonó la Alcaldía. En la siguiente legislatura sin embargo fue elegido concejal del Consistorio al presentarse con un partido político propio, el Partido Independiente de Sierra Tejeda-Almijara (PITA), cargo que abandonó en abril de 2015 para preparar su defensa.
Sur / Agencias
El fiscal que lleva el caso ‘Arcos’, contra la presunta corrupción urbanística en Alcaucín, considera que todos los acusados «han contribuido al daño que ha ocurrido en esta zona de la Axarquía con la construcción incontrolada de viviendas», pero ha señalado al exalcalde, José Manuel Martín Alba, como el que «alimentó» el proceso y sin el que «nada de esto hubiera pasado», asegurando que «no es ningún ignorante».
La Fiscalía acusa finalmente a 33 personas, tras retirar la acusación para 11 de los procesados inicialmente. Además, han mostrado su conformidad con la acusación del ministerio público otros dos encausados que se suman a los ya la habían expresado previamente.
Están acusados el exalcalde, un familiar de éste, empresarios dedicados a la promoción urbanística, el que fuera jefe del Servicio de Arquitectura de Diputación José Mora, así como funcionarios, arquitectos, intermediarios y asesores urbanísticos. La Fiscalía ha rebajado la pena que pedía inicialmente, al aplicar la continuidad delictiva y retirar algunos delitos. En su informe final, explica que los promotores se arriesgaban a comprar suelo no urbanizable, pero que con el tiempo se convertía, y lo hacían porque supuestamente tenían información. Luego, se aseguraban de poder urbanizar, comercializaban y vendían. Según el fiscal, las decisiones administrativas pesaba «más el interés particular» que el público. Así, indica que fueron unas 100 licencias de segregación y otras tantas unifamiliares, que supondrían unas 628 viviendas autorizadas. También señala que «todos los promotores buscaron un beneficio, aunque algunos no lo consiguieron», y sabían «lo que estaba prohibido y lo que no». Para la Fiscalía, «nada de esto hubiera pasado sin la implicación del exalcalde», por su actitud «pasiva y tolerante» y con «dejación de sus funciones», pero también porque era el que daba las autorizaciones, «fruto de la arbitrariedad» y «omitiendo de forma sistemática los trámites». De Martín Alba, señala que en sus declaraciones se colocó en una posición de «ignorancia deliberada».
Hoy el Ayuntamiento asegura que el ‘Caso Arcos’ no es una losa ni tiene por qué influir en el urbanismo. Según el alcalde, Mario Blancke (Ciudadanos y miembro del colectivo Salvemos Nuestras Casa en la Axarquía), que gobierna junto al PSOE, por fortuna los vecinos del pueblo ven todo lo que rodea a este proceso como algo «ajeno al municipio. No es algo que se aprecie en el día a día de las personas. Se ve como algo que afecta a una persona que fue en su momento alcalde y no al conjunto del municipio».
Según Blancke, la verdadera preocupación del Ayuntamiento es trabajar para sacar adelante el primer Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alcaucín después del ‘caso Arcos’, un documento con el que se quiere dar solución al urbanismo en el término municipal.
«A la gente le preocupa no tener licencia de primera ocupación y por tanto no poder contar con suministros básicos como luz y agua, y eso es lo que estamos tratando de resolver desde el Ayuntamiento», ha declarado el regidor.
El consistorio aprobó en octubre de 2016 el avance del PGOU, que está siendo redactado por la Diputación. A través de este documento, el Ayuntamiento quiere salvar el máximo de viviendas construidas en suelo no urbanizable posibles.
Según Blancke, en Alcaucín existen numerosos asentamientos -concentraciones de viviendas-, que el Ayuntamiento quiere incluir en el PGOU como suelo urbano, de manera que los propietarios cedan los espacios que correspondan y ejecuten las infraestructuras necesarias como establece la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
El Consistorio ha logrado que cinco asentamientos hayan sido ya aprobados y considerados como tales, con lo que un total de 243 viviendas pasarán a suelo urbanizable. Los demás asentamientos de viviendas se consideran casas aisladas que tendrán que solicitar la declaración de Asimilado a Fuera de Ordenación. «Las parcelaciones que no han llegado a tener la consideración de asentamiento, por su escasa volumen, pueden solicitar ser Asimilado a Fuera de Ordenación gracias a que desde Salvemos Nuestras Casa en la Axarquía hemos conseguido la modificación de la LOUA a través de la Ley 6/2016 de 5 de agosto que estipula la prescripción de las viviendas en parcelaciones. Esta modificación es un logro que hay que atribuir al trabajo de SOHA».
Blancke se queja no obstante de la enorme lentitud de la Junta a hora de aprobar un PGOU. «Es un freno insorportable para los ayuntamientos pequeños que queremos contar con un PGOU. En algunos casos el procedimiento hasta contar con un documento aprobado definitivamente se prolongan más de una década», lamenta el alcalde.
El regidor de Alcaucín ha recordado en este sentido los reiterados compromisos de la Junta de acelerar el procedimiento de aprobación de los planes generales, aunque sin hacer esa promesa una realidad. «Los ayuntamientos vemos una y otra vez que es sólo una promesa», afirma Blancke, para quien en el caso del municipio, es muy probable que con el ritmo al que va la Junta la aprobación definitiva del PGOU no sea una realidad hasta dentro de seis u ocho años.
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