El alcalde de Vélez-Málaga, en el banquillo: «Soy inocente, no di instrucciones para que no se celebrara el pleno»

Los hechos que se enjuician se remontan a diciembre de 2016, cuando el principal grupo de la oposición, el PP, solicitó la celebración de un pleno extraordinario para debatir ocho asuntos, de los que siete eran de carácter económico y uno sobre la valoración de puestos de trabajo en el Ayuntamiento de la capital de la Axarquía. La sesión fue inicialmente convocada únicamente con el octavo de los asuntos, ya que tras un informe del secretario municipal, Benedicto Carrión, se pidió al PP que subsanara unas deficiencias en su escrito. Tras la contestación de los populares, y en vista de que el alcalde no lo había convocado, fue el secretario el que lo hizo.

Sin embargo, el alcalde dictó un decreto anulando esa convocatoria, tras recabar un informe del director general del Ayuntamiento, en el que aseguraba que la convocatoria era «nula o anulable». «No soy jurista, hago caso a un informe», dijo Moreno Ferrer en su comparecencia en respuesta a las preguntas del fiscal. «Hubo un galimatías jurídico, porque se le dio un tratamiento de comparecencia al no cerrarse el expediente de subsanación«, argumentó el alcalde.

El mencionado informe del director general se produjo tras un escrito del grupo municipal del PA, que formaba parte del gobierno tripartito, junto al PSOE y el GIPMTM, en el que pedía la anulación de la convocatoria del secretario. «En vista de esa discrepancia, decidí enviar el asunto al Consejo Consultivo», explicó el alcalde, quien reconoció que este organismo, dependiente de la Junta de Andalucía, dictó una resolución en la que le ordenaba que convocara el pleno. «Llegó el 3 de octubre y ese mismo día se convocó el pleno para el día siguiente, con los ocho puntos que había pedido el PP», apuntó.

«Nunca he dado instrucciones para que no se celebrara el pleno, porque no es mi competencia, no es una preocupación de la Alcaldía, desde el primer día dije que se celebrara», manifestó Moreno Ferrer, quien instantes antes del comienzo del juicio, en conversación con SUR, se mostró «tranquilo» y «confiado» en su inocencia, aunque reconoció «el mal trago» que supone sentarse en un banquillo por una cuestión así, «que es un tema administrativo», apuntó.

Por su parte, el portavoz del PP, Francisco Delgado Bonilla, criticó que tras solicitar el pleno el 30 de diciembre de 2016 «nos encontramos con trabas, trabas y más trabas». «No había voluntad de que se celebrase y era una comidilla en el Ayuntamiento que ese pleno no se iba a celebrar«, expresó en su comparecencia como testigo, en la que justificó la solicitud del pleno para »arrojar luz« sobre varias cuestiones económicas y laborales en el funcionamiento del Consistorio.

El líder de la oposición recordó que cuando acudieron al salón de plenos el día fijado por el secretario para la celebración, se encontraron con las puertas cerradas, «por lo que levantamos acta y pusimos una denuncia», apostilló. Para Delgado, aunque la sesión se acabó celebrando casi diez meses después de que lo solicitaran, «fue una tomadura de pelo, porque fue en forma de comparecencia, en la que sólo habló el gobierno, por eso nos levantamos todos los concejales de mi grupo salvo uno«, explicó.

Delgado Bonilla apuntó que el director general fue «nombrado por el PSOE, por lo que su objetividad e imparcialidad eran cuestionables». El líder del PP reconoció, a preguntas del abogado defensor del alcalde, que amenazó verbalmente en un pleno con iniciar acciones legales contra el secretario municipal si no convocaba el pleno en el plazo legalmente fijado.

Por su parte, Carrión, que acaba de tomar posesión como nuevo secretario de la Diputación tras siete años ejerciendo en Vélez-Málaga, confesó, en su comparecencia también como testigo, que «tuvo la sensación de que no querían convocar el pleno». «No recuerdo haberle dicho que había un galimatías o lío jurídico», dijo. Cuestionado sobre porqué no acudió al salón de pleno en la jornada en la que había convocado la sesión, dijo que , tras consultarlo con un abogado, consideró que el decreto dictado un día antes por el regidor anulando la sesión, en base al informe del director general, «tenía presunción de legalidad, validez y eficacia».

En la primera sesión también compareció como testigo el exconcejal de la Asesoría Jurídica, Juan Carlos Márquez (PSOE). Para la sesión de mañana, segunda y última, están citados varios testigos más, entre ediles y exediles de la corporación, además de una excargo de confianza del PA, Margarita Cervera.