El alcalde de Nerja, la edil de Urbanismo y seis empresarios, en el banquillo por el vertedero ilegal del río de la Miel

Esta semana arranca en el Juzgado de lo Penal número 15 de Málaga el juicio que sienta en el banquillo al alcalde de Nerja, José Alberto Armijo (PP), la concejala de Urbanismo y Vivienda, Nieves Atencia (PP), y seis empresarios del sector de la construcción de la zona. Para todos ellos el fiscal pide una pena de dos años de cárcel y 18 meses de inhabilitación, así como el pago de multas de 7.300 y 18.250 euros, por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Las nueve sesiones fijadas se prolongarán durante febrero y marzo, según consta en una providencia a la que tuvo acceso SUR, después de que en el juicio para la conformidad no se alcanzase ningún acuerdo. Además de los ocho encausados, hay previstas las declaraciones de más de una veintena de testigos, entre los que hay ediles de la actual corporación, como la que fuera alcaldesa en la pasada legislatura, cuando saltó el caso, la socialista Rosa Arrabal, el edil del PSOE José María Rivas, o exconcejales como José Miguel Jimena, del PP, y Manuel Valero y Jorge Bravo, ambos de IU.

También declararán como testigos técnicos municipales y de la Junta, agentes del Seprona y el exdelegado de Medio Ambiente de la Administración regional en Málaga y exalcalde de Periana, Adolfo Moreno. Varios de ellos estuvieron investigados en la fase de instrucción, pero finalmente el juzgado de Torrox entendió que en algunos casos no había responsabilidad penal y en otros había prescrito el presunto delito.

El vertedero del río de la Miel estuvo operativo entre junio de 1998 y septiembre de 2016. Fue autorizado por el Ayuntamiento tras la clausura de una antigua cantera de áridos, un año antes de declararse la protección del entorno como parque natural de las Sierras Tejeda, Almijara y Alhama. Durante esos 18 años, se vertieron en la zona más de 802.000 metros cúbicos de todo tipo de residuos, «desde podas, construcción, amianto, pinturas y otros materiales peligrosos e inflamables», dice el fiscal.

Durante este tiempo la Junta de Andalucía abrió al menos cuatro expedientes sancionadores ordenando su cierre, que fueron declarados caducados y la instalación no se clausuró hasta que una orden de la Administración regional en septiembre de 2016. La situación del vertedero fue denunciada en varias ocasiones por IU, ecologistas y vecinos. Desde 2012 la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos de la Construcción y Demolición de Andalucía (AGRECA), que se personó como acusación particular en el procedimiento judicial, remitió escritos a las administraciones alertando de la situación.

En los informes periciales constan los riesgos de los vertidos para el entorno natural, donde hay un acuífero, ya que no se realizaban las tareas de separación y reciclado de los materiales, además de que las instalaciones carecían de autorización medioambiental, ni de medidas para prevenir incendios. En el escrito del fiscal se recoge que devolver el terreno a su estado original supondría un coste de 10,8 millones de euros "dada la cantidad y tipología de los residuos a gestionar", cantidad que el Ayuntamiento ha garantizado con un aval bancario, como responsable civil subsidiario.

El pasado mayo se iniciaron los trabajos de restauración del entorno, con un coste de 1,6 millones de euros, financiados por la Junta. Las actuaciones marchan a buen ritmo y se espera que estén concluidas para el próximo mes de mayo. Entre los trabajos para el sellado destacan la limpieza y acondicionamiento del vaso de vertido; la estabilización de los taludes rocosos de la antigua cantera; la adecuación y regulación de los residuos, así como la estabilización física del vertedero.

El edil no adscrito, José García, que también está personado como acusación particular, denunció el pasado octubre ante la Fiscalía, la Guardia Civil y el Gobierno estas actuaciones que ejecuta la Junta, al entender que "tan sólo se han y se están realizando labores de enterramiento y sellado con tierra aportada y extendida con maquinaria pesada". "Esto no parece llevar el fin de reparar los daños causados al medio, sino, que más bien tiene el propósito de desviar, eludir y la eliminación de pruebas de la comisión del delito", sostenía el edil en su denuncia.

Por su parte, preguntado por este procedimiento judicial, el alcalde de Nerja manifestó esta pasada semana, en declaraciones a la televisión local Telenerja, que este asunto "ha generado mucho ruido y pocas nueces". "Ojalá se aproveche la buena racha", manifestó en alusión al reciente archivo por la Audiencia Provincial de las presuntas irregularidades en un plan especial de limpieza en 2019 denunciadas por la oposición, de PSOE, Unidas Podemos y el edil no adscrito.

"Desde el minuto cero lo dije. Confío en que no haya un reproche penal, cuando se inicie el proceso y se celebre el juicio y su señoría tenga oportunidad de conocer en profundidad y con detalle lo qué se hizo, cómo se hizo y porqué se hizo, haya una sentencia absolutoria para los empresarios y para los cargos políticos", manifestó Armijo en el programa de entrevistas 'El Andamio'.