El alcalde de Nerja culpa de los vertidos fecales al Gobierno central por el retraso en la ejecución de la depuradora

El alcalde de Nerja, José Alberto Armijo (PP), responsabilizó ayer de los vertidos de aguas fecales en las playas al Gobierno central por el retraso en la construcción de la primera depuradora del municipio al ser su ejecución competencia del Estado desde que las obras fueron declaradas de Interés General en 1996, en su declaración como investigado ante la jueza de Torrox en el marco de las diligencias penales abiertas a raíz de la querella presentada por la Fiscalía de Medio Ambiente y el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) tras la 'operación Vastum' destapada en marzo de 2019.

En las diligencias se investigan presuntos delitos contra el medio ambiente y de estafa. El regidor nerjeño, que volvió al cargo hace ocho meses, tras una legislatura en la oposición, después de haber sido ya regidor entre 1995 y 2015, resaltó en su comparecencia que las obras acumulan un retraso de más de tres años respecto a la fecha prevista inicialmente en el contrato, firmado a finales de 2013. Así, los trabajos comenzaron en enero de 2014, con la previsión de prolongarse 30 meses, por lo que tendrían que haberse finalizado en el verano de 2014. Sin embargo, los cambios en el proyecto y la quiebra de la empresa adjudicataria han motivado estos retrasos.

El pasado octubre se retomaron las actuaciones pendientes, que incluyen un modificado del proyecto valorado en dos millones de euros. En un principio, se espera que la primera planta de tratamiento de las aguas residuales de Nerja pueda entrar en fase de pruebas este próximo verano, tras una inversión de más de 25 millones de euros. Tendrá capacidad para tratar 25.000 metros cúbicos diarios de aguas residuales, lo que equivale a una población de 125.000 habitantes.

Respecto a los vertidos feclaes en algunas zonas urbanas, como el cauce del río Chíllar o las playas de Calahonda y Burriana, el regidor nerjeño admitió en su declaración que tenía constancia de que se habían producido de manera puntual, pero en este caso responsabilizó a la empresa mixta Aguas de Narixa S. A., encargada del servicio de abastecimiento y saneamiento del municipio más oriental de la provincia desde 2009. En este sentido, uno de los abogados de la acusación particular le recordó que él es el presidente del consejo de administración de esta sociedad, y que no habían atendido sistemáticamente las quejas vecinales por estos vertidos en zonas turísticas.

El alcalde admitió que los emisarios submarinos vierten las aguas residuales sin tratamiento previo a una distancia de 1.500 metros de la costa, y en el caso de la pedanía de Maro lo hacen directamente en el acantilado junto a la playa. Armijo reconoció que tenía conocimiento de que la Unión Europea ha sancionado a España por los vertidos de aguas fecales, en una multa que sigue aumentando cada semestre a razón de casi once millones de euros.

Tras la declaración de Armijo como investigado, le ha seguido este miércoles la concejala de Urbanismo y Vivienda, Mari Nieves Atencia (PP), que fue edil de Medio Ambiente entre 2011 y 2015. En su comparecencia, ha sostenido que no tenía poder de decisión sobre este asunto, ya que era concejal delegada de Medio Ambiente. La próxima semana están citados el que fuera concejal de esta última delegación en anteriores mandatos con el PP, José Miguel Jimena; y el edil de este área en la legislatura pasada, Jorge Bravo (IU).

De momento, éstas son las cuatro primeras citaciones realizadas, pero quedan pendientes para las próximas semanas la de la que fuera alcaldesa la pasada legislatura, la socialista Rosa Arrabal; el que fuera concejal de Infraestructuras con Armijo, José Alberto Tomé (PP), actual cargo de confianza en el gobierno local; el anterior concejal de Infraestructuras y edil en la oposición, José María Rivas (PSOE); los responsables de Aguas de Narixa, Enrique Silva y Juan Ángel Poyatos; y los exconcejales de Playas e Infraestructuras con el PP, Jonathan Méndez y Antonio García.

La 'operación Vastum' se inició en 2017 a raíz de una denuncia de Ecologistas en Acción ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), por la existencia en la provincia de tres municipios de más de 15.000 habitantes que seguían sin depurar sus aguas residuales, incumpliendo las directivas europeas. En concreto, son Coín, Nerja y Alhaurín el Grande.