El acceso al río Chíllar sigue prohibido, a la espera de adjudicar su gestión a una empresa

Así lo ha advertido a SUR el delegado territorial de Sostenibilidad, José Antonio Víquez, quien ha reconocido que hasta ahora los trámites burocráticos para poner en marcha esta iniciativa de gestión mediante un operador privado han correspondido a la Delegación Territorial de Agricultura y Agua, dentro del ámbito del departamento de Dominio Público Hidráulico, al tratarse la zona de un cauce fluvial. No obstante, el expediente aún no ha sido informado por los técnicos del departamento de Sostenibilidad, que deberán informar acerca de las propuestas sobre el volumen máximo de visitantes diarios que se van a permitir, así como los planes de emergencias, movilidad y contra incendios, entre otros documentos.

Cabe recordar que tras abrir a mediados del pasado diciembre un procedimiento denominado de competencia de proyectos, a raíz de la petición inicial de la empresa Hermanos Campano S. L., de Ardales, el trámite se cerró con otras dos ofertas más presentadas, por Viajes Verano Azul S. L., de Nerja y dedicada al sector turístico, y Construcciones Sánchez Domínguez (Sando), de Málaga. Posteriormente se abrió el plazo de información pública del expediente, para presentar las correspondientes alegaciones.

Los proyectos de gestión del sistema de control de acceso del paraje protegido mediante un pago incluyen sustanciales diferencias por parte de estas tres compañías. En concreto, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso SUR, las propuestas de tarifas van desde los 5,8 euros más IVA que propone como tarifa por persona Sando S. A., a una horquilla entre 5 y 12 euros, con el IVA incluido, de Viajes Verano Azul S. L., pasando por los 10 euros de Hermanos Campano S. L., con el IVA también incluido.

«Estamos trabajando en una regulación del parque natural, sobre todo en el acceso al río Chíllar, que se ha masificado en momentos muy puntuales del verano», ha explicado Víquez, quien ha destacado que según los conteos realizados por su departamento se llegaron a alcanzar más de 3.100 personas en el cauce en agosto de 2022. «Vimos que podíamos llegar a una situación de no retorno», ha advertido, al tiempo que siguen trabajando en los trámites para la regulación de los accesos.

«La Delegación de Medio Ambiente, al ser también competente en el parque natural, está haciendo sus estudios de carga y habrá que hacer los planes de evacuación y emergencia, hay que unir varios aspectos que redunden en la seguridad y en la sostenibilidad del río y del paraje y del parque natural», ha argumentado el delegado de Sostenibilidad. Preguntado sobre si va a estar lista la regulación para este verano, Víquez ha respondido: «Queremos que lo que se haga, se haga bien, son estudios muy concienzudos, necesitan de un estudio que quede determinadas todas las actuaciones, tenemos que ir con pies de plomo, para ante eventuales situaciones de emergencias esté todo solventado».

Por su parte, el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento nerjeño, con mayoría absoluta, viene defendiendo la urgente necesidad de regular los acceso al río Chíllar para acabar con la masificación que sufría. Así, ante la tramitación administrativa iniciada por la Junta, el Consistorio decretó el cierre temporal por el elevado riesgo de incendios, y así se mantiene vigente este verano, según ha destacado el concejal de Medio Ambiente, Javier Rodríguez (PP), quien ha confiado en que la Administración regional pueda completar los trámites para la adjudicación «muy pronto». «Hay que regularlo, no se podían seguir permitiendo tres mil personas al día, es algo parecido a lo que pasa en muchos espacios protegidos, y con gran atractivo turístico, como el Everest», ha expresado.

Cabe recordar que la posible privatización del acceso al río Chíllar ha venido provocando una respuesta en contra de parte de la sociedad local, especialmente de los colectivos ecologistas, como el Gabinete de Estudios de la Naturaleza (GENA-Ecologistas en Accción), la asociación Entre Cañas y una iniciativa ciudadana de recogida de firmas. Los grupos políticos de izquierdas también se han mostrado en contra, como la formación Con Andalucía.

Por otro lado, respecto a la posible regulación y ordenación de los aparcamientos y accesos al paraje natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo, donde en los últimos años han proliferado los estacionamientos masivos de caravanas y autocaravanas, y las acampadas ilegales, el delegado territorial de Sostenibilidad ha puesto sus miras en mejorar la coordinación y la colaboración con la Demarcación de Carreteras del Estado, dependiente del Ministerio de Transportes.

«Hemos enviado varias misivas a la Subdelegación del Gobierno para mantener reuniones, ya que no solo es competencia de Medio Ambiente el control del paraje, ya que se accede a él desde una carretera nacional, necesitamos coordinar todas las ayudas para conseguir que el paraje pueda ser gestionado de una manera efectiva, no solo cuando están dentro del paraje», ha argumentado Víquez. «Somos conscientes de que hay muchos aparcamientos irregulares junto a la carretera, en los arcenes, en lo que nos concierne a nosotros estamos siendo contundentes en las actuaciones, pero necesitamos la ayuda de la Subdelegación del Gobierno y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como la Guardia Civil«, ha dicho.