La Defensora del Pueblo lleva al Ayuntamiento de Nerja ante la Fiscalía por su actitud «no colaboradora»

Por segunda vez en este año, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha tirado de las orejas al Ayuntamiento de Nerja, por no contestar a sus escritos y por tener una «actitud no colaboradora». Si el pasado mes de abril este organismo del Estado ya denunció esta situación, ayer volvió a remitir un comunicado a los medios en el que insistía en que, transcurridos ocho meses, el panorama sigue siendo el mismo, por lo que ha decidido trasladar a la Fiscalía del Estado esta cuestión para que valore si es de aplicación el artículo 502.2 del Código Penal ante «la actitud no colaboradora» de once ayuntamientos que «obstaculizan» el trabajo de la institución, entre ellos los andaluces de Molvízar (Granada), Macael (Almería) y Nerja.

En el caso del Consistorio nerjeño, el único de la provincia que aparece en la lista junto a otros diez españoles, el asunto se refiere a las quejas presentadas en 2014 y 2015 por un agente de la Policía Local por la supuesta vulneración de sus derechos laborales, en relación al disfrute de sus vacaciones y otros permisos por asuntos propios. Todas las administraciones tienen la obligación de responder al Defensor del Pueblo y de remitir la información solicitada. De no hacerlo, la institución puede poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal.

A este respecto, la alcaldesa, Rosa Arrabal (PSOE), aseguró ayer a SUR que estas reivindicaciones ya fueron atendidas con la reorganización de los turnos de trabajo y las diferentes mejoras emprendidas en la Policía Local tras su llegada al gobierno en junio de 2015. «Se refiere a escritos presentados durante el anterior mandato del PP, con José Alberto Armijo en la Alcaldía. Tenía entendido que desde la asesoría jurídica del Ayuntamiento ya se había contestado a estos, pero si no se ha hecho, insistiremos en que esta cuestión está resuelta de manera satisfactoria por nuestra parte», aseguró la regidora nerjeña.

Según explicó, fueron «numerosas» las quejas y denuncias interpuestas durante la pasada legislatura por agentes de la Policía Local y otros funcionarios contra el Ayuntamiento por asuntos relacionados con sus derechos laborales. «Desde que estamos gobernando nadie ha denunciado este tipo de temas», agregó Arrabal.

Sentencia favorable

Así, la regidora explicó que han recibido notificación de una sentencia firme del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en la que se estima parcialmente el recurso de otro agente que demandó al Consistorio por no haber disfrutado sus vacaciones en los meses de abril y octubre de 2014. Por este motivo, condena al Ayuntamiento a «incoar un procedimiento de reclamación patrimonial en el que se resuelva acerca de la procedencia de abonar una indemnización de daños y perjuicios al recurrente, todo ello sin hacer expresa imposición de costas», según recoge el fallo judicial.

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