Agustín Peláez
Lunes, 7 de noviembre 2016, 00:29
José Manuel Martín Alba lleva desde 2015 dedicado cien por cien a preparar su defensa en el Caso Arcos. Desde que saltara a la luz pública las actuaciones contra la corrupción urbanístcia en Alcaucín, el exalcalde se ha dejado bigote y perilla y presenta algo más de canas. Dejó la política en 2015 y asegura que lleva meses estudiando y revisando ocho y diez horas diarias todos los expedientes que se verán durante el juicio oral, para llevar bien aprendidos los datos. «Aunque se habla de macrocausa, entiendo que conforme avance el juicio se irá achicando y desinflando, a pesar de la envergadura, porque hay muchas cosas que han prescrito. Por mi parte estoy tranquilo, porque lo único que he hecho es dar licencias, como han hecho muchos alcaldes, porque entendía que eran legales. Si ahora hay algunas que no lo son, a mí nadie me dijo lo contrario», ha insistido en declaraciones a SUR.
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Martín Alba reconoce que, aunque el municipio contada con normas subsidiarias desde 1995, esta se venían aplicando sin estar publicadas y no eran efectivas. «Había que aplicar la Ley provincial, que era del 97 y en cualquier caso las licencias eran legales y así lo reconocen los técnicos», ha afirmado.
Meras sospechas
Para el exalcalde, que se muestra convencido de que «la batalla la puede ganar», muchos de los delitos que le imputan se basan en «meras sospechas y suposiciones» sobre las que «no hay nada» y sobre los que «nada se ha demostrado».
«Decían que tenía un patrimonio de mil demonios, fincas en toda España y hasta un hotel en Alemania. Pues todo esa se ha quedado en agua de borrajas. Con el follón que liaron y como no han demostrado nada, me quieren pillar por la falsedad documental, pero no se puede olvidar que yo confiaba en lo que hacía el secretario y que lo que hacía era darle el visto bueno a sus certificados», ha manifestado.
En este sentido, el exalcalde ha explicado que el delito más grave que se le imputa es el de falsedad documental continuada, motivo por el cual el Fiscal, sumándolos todos, le pide 210 años. «Me achacan a mí todos los certificados del secretario que contienen mi firma con el visto bueno, como diciendo que sabía que eran falsos y los firmaba y que el secretario no era consciente. Pero si le daba el visto bueno es porque entendía que el secretario se había basado en informes técnicos y estaban hechos correctamente», ha manifestado en su defensa.
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Por otra parte, ha declarado que va a a demostrar que las firmas de numerosos informes que le atribuyen son falsas, «y no me voy a tragar lo que no he firmado».
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