El juicio del caso Arcos arranca con los acuerdos de conformidad de ocho investigados y la petición de prescripción de 65 delitos por el exalcalde

La primera sesión del juicio oral de la macrocausa del 'caso Arcos' contra la corrupción urbanística de Alcaucín con ocho acuerdos de conformidad por parte de ocho de los 48 investigados entre las defensas y la Fiscalía. Entre los acusados que han llegado a acuerdos se encuentran las dos hijas del principal encausado, el exalcalde, Jose Manuel Martín Alba, y el exsecretario del Ayuntamiento, que junto al resto de los investigados que han pactado las condenas con la Fiscalía y sus abogados defensores han podido abandonar la sala. En el caso del exsecretario municipal, aunque sus letrada ha presentado un informe médico para pedir sus ausencia de las sesiones, el presidente del Tribunal ha aclarado que deberá acudir cuando así los solicite algunos de los abogados para la defensa de algunos de los investigados.

La sesión, que se ha iniciado poco antes de las 11.00 horas, una hora después de lo previsto, debido a la gran cantidad de letrados (mes de medio centenar en representación de las diferentes defensas y 14 de acusaciones particulares) y acusados (48) citados, con la puesta en conocimiento del Tribunal de los acuerdos de conformidad alcanzado con la Fiscalía.

Los más llamativos han sido los de las dos hijas del expedidor y principal encausado, José Manuel Martín Alba. Según el acuerdo alcanzado con la Fiscalía, una de las hijas acusada de un delito de blanqueo imprudente ha sido condenada a seis meses de prisión y multa de 4.500 euros. La otra hija estaba acusada ademas de un delito de blanqueo doloso. En este sentido, el acuerdo de conformidad conlleva una pena de seis meses de prisión un seis meses de multa por importe de 4.500 euros, así como otros seis meses de cárcel y multa de 20.000 euros, así como el decomiso de un inmueble. En ambos casos, los abogados han pedido sustituir la condena de prisión por multa, por los que se les impone el doble de multa.

En cuanto al exsecretario municipal, el acuerdo conlleva la rebaja de la condena de multa al mínimo. La Fiscalía le pedía seis meses de multa y 60 de suspensión de empleo público.

Un cuarto investigado ha aceptado dos años de cárcel y otros dos de multa por dos delitos de falsedad y otros dos contra la ordenación del territorio, y un quinto seis meses de prisión por cohecho impropio.

Finalizado los acuerdos de conformidad, el presidente del Tribunal encargado del juzgar la causa ha dado paso a las cuestiones previas. Destaca en este sentido, las presentadas por el abogado defensor del exalcalde, José María Ramírez Pedrosa, que ha señalado que buena parte de los delitos de falsedad y prevaricación (54) de los que se les acusan han prescrito. Algo que en los que también han incidido buena parte de otros letrados. Ramírez ha alegado asimismo que José Manuel Martín Alba no ha podido defender en la fase de instrucción de diversos delitos de los que se les acusa, por lo que ha pedido la nulidad del juicio oral, o en su caso la nulidad parcial respeto a 11 delitos sobre los cuales no se le tomó declaración y por tanto no pudo defenderse, o no podrá se condenado por los mismos, ha declarado el letrado.

Peticiones del abogado

El abogado del exalcalde ha pedido asimismo al tribunal que anule las escuchas telefónicas relacionadas con el delitos de blanqueo de capitales y realizadas por la guardia Civil desde el 2 de febrero de 2009. Según ha señalado el letrado, en esta fecha la juez instructora dictó un auto prorrogando las escuchas, pero en el mismo se incluyó un un nuevo delito para el que no existía autorización previa. No había autorización para realizar ninguna intervención telefónica para investigar ningún delito de blanqueo de capitales, ha insistido el letrado del exalcalde.

También el abogado del arquitecto Francisco Torres Mora, José Carlos Aguilera, se ha quejado al Tribunal de o haber podido tener acceso a ocho tomos de la instrucción, miles de documentos que como defensa no ha podido examinar, lo que en su opinión plantea un problema de seguridad jurídica. En este sentido, ha pedido al tribunal elevar una queja a la Consejería de Justicia. El juez ha señalado que ya ha solicitado dicha el escaneo de dicha documentación.