Comienza el macrojuicio del ‘Caso Arcos’ contra la corrupción urbanística en Alcaucín

El macrojuicio contra los 48 acusados por el Caso Arcos contra la corrupción urbanística en el municipio de Alcaucín comienza por fin hoy lunes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial. Serán en total 64 sesiones que prolongarán hasta el 27 de septiembre de 2017. El juicio se inicia ocho años después de que diera comienzo la investigación, que partió de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en 2008. La fase de instrucción se cerró en 2013 tras generar cerca de 50.000 folios.

Los hechos investigados dentro de la Operación Arcos por el juzgado de instrucción número 3 de Vélez-Málaga, que es el que ha instruido el caso, se vinieron desarrollando supuestamente en el municipio después de la elección de José Manuel Martín Alba como alcalde por el PSOE en 1991 y hasta 2009, que fue cuando se practicó su detención y dimitió el cargo. Martín Alba fue detenido en febrero de 2009 y estuvo en prisión hasta junio de ese año, mes en el que salió en libertad tras pagar 120.000 euros de fianza. Tras su arresto fue dado de baja en el PSOE y abandonó la Alcaldía. En la siguiente legislatura sin embargo fue elegido concejal del Consistorio al presentarse con un partido político propio, el Partido Independiente de Sierra Tejeda-Almijara (PITA), cargo que abandonó en abril de 2015 para preparar su defensa.

Los principales acusados en la causa son el exalcalde, un asesor urbanístico con despacho en el municipio que a pesar de carecer de título era considerado por sus clientes como abogado, Pedro Grandfils Accino; el arquitecto colegiado y funcionario de la Diputación, José Francisco Mora Lampérez, y el que fuera secretario del Ayuntamiento, Ernesto RodríguezMartín Caro.

Empresarios

Entre los acusados se encuentran además dos familiares del exalcalde, seis funcionarios, unos funcionarios municipales y otros de la Diputación, siete arquitectos, cuatro intermediarios, dos abogados o asesores y 27 empresarios. En total, el Ministerio Fiscal imputa 275 delitos a los acusados.

El juicio comienza con las cuestiones previas, para continuar con las declaraciones de los acusados, la comparecencia de los testigos, las pruebas periciales y, por último, las conclusiones finales.

Por el momento se desconoce el orden de las declaraciones de los acusados, que se irá fijando en el transcurso de las sesiones. Los delitos que se juzgan son, entre otros, fraude, malversación, prevaricación, falsedad documental, contra la ordenación del territorio, estafa, cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y actividades prohibidas a funcionarios.

La Fiscalía acusa al exalcalde de los delitos de fraude, malversación, falsedad, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad en documento oficial y tráfico de influencias. Por este procedimiento José Manuel Martín Alba se enfrenta a penas que superan los 226 años de prisión y 700 años de inhabilitación para empleo o cargo público. Solo en materia urbanística se le atribuyen a Martín Alba, un total de 62 delitos por autorizaciones ilegales de obras.

Por su parte, para el que fuera jefe adjunto de Arquitectura de la Diputación de Málaga, José Francisco Mora, el fiscal solicita un total de 111 años de prisión por los delitos de falsedad, estafa, falsificación, cohecho, ordenación del territorio y falsedad en documento oficial.

En su escrito de acusación, la Fiscalía califica 90 delitos de falsedad ideológica cometidos por autoridad o funcionario en documentos oficiales creados desde el Ayuntamiento de Alcaucín, la Diputación de Málaga o el Catastro Inmobiliario; 19 delitos de falsedad en documento oficial; 10 delitos de falsedad por imprudencia grave; 62 delitos de prevaricación o prevaricación urbanística atribuidos al exalcalde de Alcaucín por autorizar arbitrariamente parcelaciones o construcciones contrarias a la normativa urbanística, prescindiendo casi siempre de los preceptivos informes técnicos; siete delitos de prevaricación urbanística por informes de arquitectos municipales o provinciales contrarios a la normativa urbanística, y 22 delitos contra la ordenación del territorio por construcciones ilegales. También formula acusación por 20 delitos de cohecho en su vertiente activa y pasiva, 12 con fin delictivo y ocho para acto injusto, entre otros.

Defensa

El abogado José María Ramírez Pedrosa, que representa al exalcalde, José Manuel Martín Alba, ha señalado que no se trata de un procedimiento al uso. El letrado ha señalado a este periódico que la Fiscalía acusa a su defendido de hechos que el juez instructor ni tan siquiera le atribuye. En este sentido, pone como ejemplo que el fiscal le acusa de delitos de falsedad documental por dar el visto bueno a un certificado del secretario municipal.

Asimismo ha manifestado que se incluyen en el procedimiento numerosos informes supuestamente del exalcalde que son falsificados, puesto que la firma no corresponde a la de Martín Alba.

Rodríguez ha señalado también que su estrategia pasa por alegar vulneraciones de derechos fundamentales y numerosas prescripciones. En este sentido ha manifestado que muchas de las licencias de obras que se van a enjuiciar son de hace 18 años, por lo que son bastantes las que han prescrito.