Inhabilitan otros siete años al exalcalde de Canillas de Aceituno por delito urbanístico

Al exalcalde de Canillas de Aceituno por el PSOE entre 1999 y 2011, José Manuel Aranda, se le acumulan las sentencias por delito urbanístico. El Juzgado de lo Penal número 3 de Málaga acaba de dictar una sentencia condenando a Aranda a una pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de cinco euros, con la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, así como a siete años de inhabilitación especial para empleo y cargo público por un delito de prevaricación urbanística relacionado con la construcción de una vivienda en suelo no urbanizable. La sentencia le condena asimismo al pago de una séptima parte de las costas y absuelve a los concejales que apoyaron con su voto la aprobación del proyecto de actuación.

Según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, los hechos enjuiciados se remontan a 2006, cuando un matrimonio extranjero presentó en el Ayuntamiento un proyecto de actuación para la construcción de una vivienda, así como la correspondiente solicitud de licencia de obras.

La secretaria municipal informó que «atendiendo a que las obras solicitadas se pretenden realizar en suelo no urbanizable, se informa la improcedencia de otorgamiento de la licencia...» y que no procedía otorgar la licencia. De un modo similar se pronunció también el arquitecto municipal. En agosto de 2006 el Ayuntamiento remitió a la Consejería de Obras Públicas y Transportes el expediente para que informara el proyecto de actuación. El informe de la Junta fue también desfavorable, basándose en diez incumplimientos de la normativa aplicable.

El fallo considera como hecho probado que los concejales del equipo de gobierno del PSOE, con el alcalde a la cabeza -los de la oposición se abstuvieron-, aprobaron por mayoría el proyecto de actuación en contra de los informes del secretario y el arquitecto, «constándoles la injusticia de tal aprobación». Posteriormente, según el relato del juez, el acusado, como alcalde, «siendo igualmente consciente de la injusticia de conceder la licencia de obras interesada, pues no se justificaba en absoluto la legalidad de la misma», mediante decreto concedió la licencia de obras solicitada.

Sin vinculación

El fallo señala asimismo que la vivienda no tiene vinculación alguna de sus propietarios a la actividad agraria. El Fiscal en su calificación llegó a solicitar la imposición de una multa de 12 meses a razón de seis euros diarios e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante siete años, además de las costas.

La sentencia, que tiene fecha de 16 de junio de esta año, recoge que dado que el acusado prestó su conformidad en el acto de juicio oral, tanto el letrado de la defensa como el Fiscal estimaron innecesario la continuación del acto, procediendo por tanto a dictarse el fallo.

El exalcalde de Canillas de Aceituno, que dimitió del cargo tras ser inhabilitado por primera vez por delito urbanístico en 2011, aceptó ya en abril pasado una pena de multa y de inhabilitación por otro delito urbanístico, tras reconocer los hechos por los que era acusado en relación con la concesión de varias licencias para viviendas en suelo no urbanizable. En el caso había otros dos procesados, el promotor de las obras y la directora técnica. El exregidor se mostró conforme con la modificación realizada por la Fiscalía al inicio del juicio, aceptando 3.240 euros de multa y 20 años de inhabilitación para empleo o cargo público por delitos de prevaricación urbanística. Aranda admitió también esa vez los hechos, pero añadió que nadie le dijo de la nulidad de las licencias.

Asimismo, en febrero de este año el Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga absolvía a Aranda de un delito contra la ordenación del territorio por aprobar un proyecto de actuación y conceder por decreto en 2006 la licencia para la construcción de una vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable.

El exregidor concedió la licencia para una vivienda unifamiliar de 120 metros cuadrados con anexo de almacén o nave agrícola en suelo no urbanizable, contando con informes desfavorables . No obstante, el magistrado concluía que de la prueba practicada no podía considerarse que el proyecto de actuación aprobado y la licencia de obras concedida vulneraran de modo patente la normativa.

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