Crean una mesa para agilizar el proyecto de ley de regularizacíon de viviendas

Agustín Peláez

Los dueños de casas irregulares construidas en suelo rústicos, a través de las Asociaciones Salvemos Nuestras Casas en la Axarquía (SOHA), Abusos Urbanísticos Almanzora-No (AUAN) de Almería, y la Confederación Andaluza por la Legalización Urbanística (CALU), rechazaron ayer a través de un comunicado el retraso que acumula la tramitación del proyecto de ley encaminado a facilitar la regularización de las viviendas levantadas sobre parcelaciones irregulares y que conlleva la reforma de la LOUA. La medida legislativa, que se tramita en el Parlamento Andaluz, se denomina Proyecto de ley por el que se modifica la ley 7/2012 de 17 de diciembre de ordenación urbanística de Andalucía para incorporar medidas urgentes en relación con las edificaciones construidas sobre parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable, y aunque fue presentada en octubre de 2014 por el gobierno andaluz, todavía no ha concluido su tramitación.

El presidente de SOHA, colectivo que agrupa a 400 dueños de viviendas irregulares de la Axarquía, la mayoría residentes, Phillip Smaley, ha aclarado que el problema no afecta sólo a un grupo de ingleses, sino también a muchos españoles, «que somos víctimas del boom inmobiliario y no los culpables. Es por esto que pedimos celeridad en el proceso para poder tener algo de sosiego».

Los afectados se muestran preocupados por el hecho de que el pasado día 9 de marzo de 2016 los diversos grupos políticos en el Parlamento andaluz presentaron sus enmiendas al Proyecto de Ley y su tramitación parece no haber avanzado desde entonces.

Por este motivo han creado grupo de trabajo para mantener una ronda de reuniones con los diversos partidos políticos.

Los dueños de casas irregulares pretenden, a través de esta mesa, que los partidos políticos se comprometan a aprobar el proyecto de ley antes del verano, que se adopten medidas para la urgente concesión de luz y agua para personas que viven en condiciones infrahumanas por tener una casa irregular, y el establecimiento en el futuro de un grupo de trabajo en el seno del Parlamento andaluz para analizar los problemas urbanísticos existentes en la Comunidad Autónoma andaluza, así como posibles soluciones a los mismos.