La Audiencia ordena investigar al alcalde de Benamocarra por presunta malversación

Nuevo capítulo para el culebrón judicial que protagonizan desde hace años el alcalde de Benamocarra, Abdeslam Lucena, y su oponente político, el exportavoz municipal del PSOE y actual director del instituto de la localidad, Manuel Ruiz Cazorla. La Audiencia de Málaga ha rechazado una querella por injurias y calumnias que Lucena presentó contra Ruiz Cazorla y su abogado por publicar en su muro de Facebook que el alcalde utilizaba fondos públicos para sus pleitos personales.

El tribunal ha confirmado en su totalidad el auto del juez de Instrucción número 1 de Vélez-Málaga que en mayo del año pasado no solo archivó su querella, sino que ordenó investigar al alcalde de Benamocarra al hallar indicios de delito de malversación de caudales públicos en la utilización de fondos públicos en procesos judiciales privados.

El juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vélez-Málaga ordenó en mayo del año pasado deducir testimonio (abrir una investigación por presunta comisión de un hecho delictivo) contra Abdeslam Lucena al entender que podría haber utilizado recursos públicos en procedimientos judiciales, «aún careciendo de legitimación para entablar en nombre y representación del Ayuntamiento procedimientos penales contra Ruiz Cazorla, subyaciendo un interés ajeno al interés público».

Contrato de asesoría jurídica

Consideró, además, que las manifestaciones vertidas por Ruiz Cazorla «se encuentran justificadas» por las pruebas aportadas y en ningún caso constituyeron delitos de calumnias e injurias. Así, señala que la información que transmitió Ruiz Cazorla sobre el pago de abogados o gastos en juicios y en general la utilización de recursos públicos por parte de Lucena es «relevante, tratándose de un hecho noticioso que afecta a un cargo público (el alcalde de Benamocarra) y también es «veraz». Destaca, además, que lo publicado por Ruiz Cazorla y su abogado está «suficientemente contrastado» con la documentación que se aporta, de la que se desprende «la existencia de gastos de defensa y representación previsiblemente abonados con fondos públicos».

En la resolución judicial se recoge también que el Ayuntamiento de Benamocarra realizó un contrato de asesoría jurídica con un despacho de abogados por importe de 96.000 euros, lo que supera el 10 por ciento del gasto corriente del Consistorio en 2014 y que Lucena utilizó también fondos de la Diputación Provincial de Málaga, en concreto, de sus servicios jurídicos a través del Sepram, para presentar un recurso contencioso-administrativo contra una magistrada de la Audiencia Provincial de Málaga.

La resolución judicial afirma que el alcalde de Benamocarra sólo ha aportado en la querella documentos de pago relativos al juicio y posterior apelación en la que resultó condenado en 2013 por injurias y desobediencia a seis meses de cárcel y a inhabilitación por el mismo tiempo por el Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga, y «no aporta documentos de gastos de defensa y representación de todas las actuaciones anteriores» a ese proceso judicial, lo que es «absolutamente insuficiente para cubrir la totalidad de las numerosas actuaciones procesales llevadas a cabo», añade. Por su parte, la Audiencia de Málaga, en su auto de fecha 15 de enero confirmando el archivo de la querella del alcalde dictada por el juez de Vélez-Málaga, recrimina a Abdeslam Lucena «por intentar por todos los medios, confundir y tergiversar la realidad del contenido de su propia querella».