Los dueños de casas ilegales solicitan una reforma del Código Penal que los indulte

Las reclamaciones de los dueños de viviendas irregulares construidas durante las dos últimas décadas en el suelo no urbanizable de la provincia no se dirigen únicamente hacia la Junta de Andalucía, como administración competente en materia de ordenación del territorio. Los propietarios de las casas construidas en el campo, la gran mayoría extranjeros, agrupados en colectivos como Save Our Homes-Salvemos Nuestras Casas (SOHA), solicitan también al Gobierno central cambios legales que protejan a los «compradores de buena fe».

Así se lo trasladaron a mediados del pasado mes de mayo, durante la campaña de las elecciones europeas, al número dos de los populares, Esteban González Pons, en un mitin celebrado en la localidad almeriense de Fines, al que acudieron miembros del colectivo formado por unos 400 propietarios con viviendas ilegales en la comarca de la Axarquía. «Por suerte aquí no se están ordenando demoliciones masivas, como sí ha ocurrido en otras zonas de Andalucía como en la comarca del Almanzora, en Almería, pero sí ha habido casos en los que los propietarios que compraron de buena fe se han visto implicados en procesos judiciales, cuando tenían licencias de los ayuntamientos y todos los permisos avalados por abogados», cuenta Mario Blancke, concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Alcaucín y portavoz del colectivo SOHA.

Modificación de la ley

Según explica este residente de origen belga, el problema fundamental al que se enfrentan los propietarios de viviendas en el campo es que la normativa andaluza no ha resuelto la situación cuando se trata de parcelaciones ilegales, «que no prescriben nunca». «Esto es una barbaridad y un absurdo, porque cómo puede prescribir algo tan grave como un asesinato y no una parcelación en el suelo no urbanizable», se pregunta Blancke, quien insiste que ni el decreto 6/2010 ni el 2/2012 han puesto soluciones a esta cuestión. «La figura del asimilado a fuera de ordenación no sirve aquí en la Axarquía, ya que la mayoría de las viviendas se han hecho a partir de segregaciones de suelo», considera.

A su juicio, la Junta de Andalucía «no puede seguir pasando la pelota de la regularización» a los ayuntamientos, «ya que somos los menos interesados en solucionar esto, porque nos podemos enfrentar a demandas de responsabilidad patrimonial», matiza. «La Junta no puede venir ahora diciendo que no sabía nada de las construcciones en el campo, ellos son tan responsables o más, porque han cobrado por todas las transmisiones».