El sector de los VTC estima que la regulación que prepara la Junta de Andalucía podría suponer la pérdida de 8.500 empleos y la eliminación de cerca de una cuarta parte del servicio de vehículos de alquiler con conductor.
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La normativa estatal obliga a las comunidades autónomas a regular la actividad del sector, a partir del 1 de octubre. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda prepara un decreto ley sobre la regulación de este servicio. Este jueves, los taxistas andaluces se manifestaron en Sevilla para mostrar su oposición por considerar que esta normativa será beneficiosa para los VTC y perjudicial para el sector del taxi.
Las asociaciones de alquiler de vehículos VTC consideran que se trata de «presiones» para eliminar estos servicios públicos a los usuarios de la movilidad andaluza. Consisten, entre otras, en el establecimiento de «restricciones desproporcionadas en la operativa del sector que podrían como mínimo eliminar el 25% de los servicios que actualmente disfrutan los usuarios en Andalucía, con la extinción de hasta 8.500 puestos de trabajo y un importante daño a la economía de la región».
Las restricciones que está proponiendo a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda el sector del taxi, contempla entre otras el establecimiento de una longitud mínima para los vehículos VTC, un tiempo mínimo de precontratación, como en Cataluña y la obligatoriedad de que las autorizaciones hayan prestado servicio durante los últimos 12 meses. «Todas estas restricciones, no solo son contrarias al interés general y ponen en peligro miles de puestos de trabajo, estando únicamente dirigidas a contentar al sector del taxi después de su protesta de ayer; sino que son de dudosa constitucionalidad al implicar el cierre arbitrario de empresas y límites a la gestión de las mismas propios de países ajenos al entorno de la Unión Europea», señalan desde las asociaciones de los VTC.
Estas medidas ya se implementaron en Cataluña este verano «con efectos devastadores en el sector, que verá eliminadas gran parte de las casi 3.000 licencias de la región ante la imposibilidad de cumplir con ambas exigencias», indican desde las asociaciones.
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Según Ignacio Manzano, presidente de ANDEVAL, la regulación que propicia la Junta de Andalucía «es una buena noticia», aunque considera «preocupante» que «el taxi esté ejerciendo presión para implantar ciertas restricciones arbitrarias, cuya finalidad sería la limitación de la actividad del sector y, en última instancia, su destrucción encubierta».
Por su parte, José Manuel Berzal, presidente de UNAUTO, considera que la introducción de un tiempo mínimo de precontratación a las VTC por parte de la Junta de Andalucía «supondría la quiebra y desaparición del sector y de sus miles de puestos de trabajo». Esta restricción, explica, ha sido ya declarada ilegal por tres Tribunales Superiores de Justicia y es «completamente contraria a los principios liberales que afirma defender el Partido Popular».
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