Los dos grupos que sustentan al Gobierno andaluz, PP y Ciudadanos, han sacado adelante la convalidación de los dos decretos ley aprobados recientemente por el Consejo de Gobierno para poner en marcha ayudas por 732 millones de euros a los sectores económicos más afectados por la pandemia. Lo han hecho con el voto favorable de Vox, cuyo portavoz, Alejandro Hernández, explicó que su formación disiente de muchos de los puntos contenidos en los decretos y justificó el voto favorable en que por responsabilidad debe priorizarse que las ayudas lleguen cuanto antes a los sectores más afectados por la pandemia.
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Aunque la mayoría parlamentaria en la que se sustenta el Gobierno de la Junta depende del apoyo parlamentario de Vox, en esta ocasión la votación podría haber salido adelante sin su respaldo, ya que los grupos del PSOE y Adelante Andalucía -y también los no adscritos pertenecientes a la corriente Anticapitalistas- optaron finalmente por la abstención, aunque tras lanzar duras críticas contra el contenido de los decretos, que fueron convalidados por 57 votos a favor y 50 abstenciones.
Los decretos refrendados ahora por el Parlamento son los que ponen en marcha la mayor parte de los paquetes de ayudas previstos en el acuerdo entre la Junta y los agentes sociales. El del pasado 23 de marzo, canalizado por la Consejería de Empleo, incluye tres líneas de ayudas: una a empresas para el mantenimiento del empleo a trabajadores sujetos a ERTE (270,5 millones), con 21.000 solicitudes ya registradas; otra a trabajadores en ERTE y fijos discontinuos (70 millones) y una tercera al mantenimiento de la actividad turística (27,2 millones). En este decreto también figura la bonificación de las tasas que se abonan por juegos de azar, uno de los puntos que más ampollas levantó en el debate. El decreto aprobado en el Consejo de Gobierno del 30 de marzo está dirigido al mantenimiento de la actividad del comercio minorista y la hostelería y asciende a 132 millones de euros. También incluye ayudas al sector de las agencias de viajes y a las actividades culturales promovidas por hermandades y cofradías.
El portavoz de Vox mostró el desacuerdo de su partido con algunos de los aspectos del decreto -que en otras circunstancias hubieran llevado a votar en contra, según afirmó-, pero señaló que por responsabilidad y ante la necesidad de que las ayudas lleguen a los beneficiarios cuanto antes optó por el voto a favor. «En caso contrario estaríamos desatendiendo a personas necesitadas», dijo. Pese a su apoyo en la votación, Hernández acusó al Gobierno andaluz de ir anunciado las diferentes ayudas con cuentagotas y espaciándolas en el tiempo con fines publicitarios, y lamentó que el sistema de concurrencia competitiva implantado para el acceso a las líneas de ayudas las convierte en «café aguado para todos»
También lamentó que se hayan agrupado en un mismo decreto actividades de naturaleza muy diferente, lo que en su opinión dificulta la función de control.
Una de las críticas se centró en la inclusión entre los potenciales beneficiarios de las ayudas a las casas de apuestas y establecimientos de juegos de azar, aspecto en el que coincidió con Adelante Andalucía, que centró en este punto su principal crítica y uno de los motivos centrales por los que esa formación no dio su voto favorable a los decretos.
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El diputado Jesús Fernández acusó al Gobierno andaluz de haber incluido «por la puerta de atrás» una nueva ayuda al sector de los juegos de azar y de no tener empatía por las familias que sufren la lacra de la ludopatía. «Van a ayudar más a las tragaperras que a los afectados por ertes», afirmó.
Por su parte, el también parlamentario de Adelante Andalucía Guzmán Ahumada aseguró que entre el 65 y el 70 por ciento de las empresas de hostelería se han quedado fuera de las ayudas y lamentó que en el sector de la cultura «sólo se ayuda a las cofradías».
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También desde el Grupo Socialista se lanzaron críticas contra los decretos. Jesús Ferrera aseguró que ambos están inspirados por una estrategia basada en la confrontación con el Gobierno central y la propaganda y contempla anuncios y medidas que se podrían haber puesto en marcha hace meses. «La financiación de las medidas anunciadas se corresponden con fondos europeos y con aportaciones del Gobierno de España, y en ningún caso requiere de este procedimiento de Decreto Ley para gastar el dinero para su ejecución», aseguró.
Por su parte, Javier Carnero llamó la atención por la falta de rigor en la que, a su juicio, incurren ambos decretos y reclamó a la Junta que escuche a los colectivos de pequeños empresarios de los sectores del comercio, la hostelería y las agencias de viajes que, afirmó, no se sienten representadas por la CEA.
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La aprobación de ambos decretos fue defendida por el vicepresidente de la Junta y presidente del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Juan Marín, que justificó la eliminación de las tasas a los juegos de azar en que muchos establecimientos de hostelería han tenido que continuar pagándolas a pesar de estar cerrados.
Marín puso en valor la simplificación administrativa puesta en marcha por la Junta de Andalucía y aseguró que contribuirá a que las medidas de ayuda lleguen cuanto antes a los trabajadores, autónomos y empresas.
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El portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, considera que la actitud del Gobierno central en relación con la línea de ayudas aprobadas para Andalucía supone un chantaje. Nieto indicó que la firma del convenio que daría marco legal a las ayudas que el Gobierno debe transferir a Junta por 1.109 millones de euros supondría aceptar que esa es la cifra que le correspone a Andalucía, y no los 2.400 millones que reclama el Gobierno andaluz. «Ese es el chantaje del Gobierno de Sánchez, te doy esto y si no lo quieres no te doy nada», señaló Nieto, que afirmó que la fórmula debería ser recibir lo estipulado y ampliar esa cantidad si se modifican los criterios de reparto.
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