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Las vocales del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres denuncian a través de un comunicado el que califican de «grave recorte» y «sin precedentes» ... que a sus ojos ha sufrido la ley de igualdad en la comunidad autónoma andaluza por parte del Gobierno de la Junta a partir de una nueva norma que, afirman, «esquiva deliberadamente la fiscalización obligatoria de la perspectiva de género en los presupuestos autonómicos».
En concreto, señalan que el Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administración de la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad económica, ha modificado el artículo 8 y el 6.2 de la Ley 9/2018, de 8 de octubre, para la promoción de la igualdad de género en la comunidad. Ello, afirman las vocales, elimina la obligación que tenía la Cámara de Cuentas de Andalucía de incorporar la fiscalización del cumplimiento de la aplicación de la perspectiva de género en los Presupuestos Generales de la Junta. También elimina, abundan, la Comisión de Impacto de Género, lo que deja exclusivamente en la Consejería de Economía y Hacienda la emisión de este informe. «Es decir, no habrá quién fiscalice el cumplimiento de la ejecución presupuestaria conforme al impacto de género», insisten.
La ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía contemplaba que el presupuesto de la comunidad había de incluir un informe de evaluación del impacto de género que habría de realizar una comisión formada por profesionales de la Consejería de Economía y Hacienda y del Instituto Andaluz de la Mujer. Además, la norma indicaba también que la Cámara de Cuentas de Andalucía había de comprobar si se cumple la perspectiva de género en el presupuesto.
«El Gobierno del Partido Popular borra de un plumazo a través de un decreto-ley, todo aquello por lo que venimos trabajando para conseguir la igualdad real entre mujeres y hombres desde la IV Conferencia Mundial de la Mujer de Beijin en donde se incorpora un nuevo mecanismo de actuación, la transversalidad de la perspectiva de género, esto es, la incorporación de la sensibilidad de género como una herramienta para el diseño, la ejecución y la evaluación de todas las políticas públicas», reza el comunicado de las vocales del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres.
Además, señalan que la norma de simplificación administrativa promovida por la Junta de Andalucía también modifica el artículo 27 de la ley de igualdad andaluza de forma que, declaran, se elimina la necesidad de contemplar medidas para el acceso al empleo, la formación, la igualdad retributiva, la protección contra el acoso sexual, entre otras cuestiones, para las empresas privadas que no están obligadas a la elaboración de planes de igualdad por ley. «Estos mecanismos de control que el Gobierno de la Junta elimina mediante decreto son los que nos permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación y exclusión de las mujeres», afirman. «La falta de informes de impacto de género de forma transversal tendrá como gravísima consecuencia en aumento de la brecha existente entre hombres y mujeres», señalan, y, añaden que supondrá «un retroceso hacia una igualdad efectiva».
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