Hay derrotas que pueden leerse como victorias y victorias que en realidad pueden tener el efecto de una derrota. Es posible que el miércoles pasado, ... después de que la Junta de Portavoces del Parlamento aprobara el orden del día para próximo pleno, los representantes del Partido Popular salieran de la reunión dando muestras de euforia y los socialistas lo hicieran preguntándose si no tenían motivos para preocuparse. Momentos antes, el PP había perdido la primera votación desde que gobierna la Cámara casi a su antojo desde su cómoda mayoría absoluta, pero los acontecimientos estaban exactamente en el lugar que más les convenía.
Los socialistas venían amenazando desde algunas semanas atrás con invocar por primera vez en la historia el artículo 171 del reglamento del Parlamento, el que obliga a contar con una mayoría cualificada para incluir el debate de asuntos que no afectan a las competencias autonómicas, y aunque en la primera ocasión que tuvieron dejaron pasar la oportunidad optaron por no hacerlo a la segunda. El PP había presentado una PNL (Proposición No de Ley) referida a los efectos indeseables de la ley del Sólo Sí es Sí y los socialistas invocaron el artículo para impedir su inclusión en el orden del día y por lo tanto vetar ese debate. Pese a su holgada situación en la Cámara, el PP no alcanza la mayoría cualificada de dos tercios a los que obliga el reglamento ni siquiera sumando los votos de Vox. Como el resto de la izquierda se sumó a la postura socialista, la inclusión de la PNL en la lista de temas a tratar fue rechazada.
El PSOE-A argumenta que tuvo que recurrir a ese artículo porque el PP está abusando de su posición en el Parlamento para convertirlo en un instrumento más para desgastar a Pedro Sánchez, ya que todas las PNL que presenta contienen críticas al Gobierno central y no tratan sobre temas andaluces. A los socialistas no les falta razón, aunque es una crítica que se podría haber aplicado en etapas anteriores solamente intercambiando el nombre de los protagonistas.
Desde que el nuevo mapa político andaluz se tradujo en cambios organizativos en el Parlamento, que incluyó otra distribución de los recursos económicos y un nueva disposición de los espacios físicos, con el consecuente desalojo del PSOE de las oficinas que históricamente había utilizado, los socialistas estaban deseando demostrar que siguen vivos y que aún con sus mermadas fuerzas son capaces de poner pie en pared y de fijarle límites al PP de la mayoría absoluta.
La pregunta es si eligieron adecuadamente el momento y el lugar. Y posiblemente la respuesta sea no. Primero, porque su actitud, al coartar la soberanía del Parlamento de Andalucía para debatir sobre cualquier asunto refuerza el discurso del PP, que sostiene que el PSOE de Andalucía se ha convertido en una mera delegación al servicio de Pedro Sánchez. Segundo, porque son decenas las PNL que en cada periodo parlamentario se debaten y aprueban sin pena, ni gloria, ni eco mediático. Intentar impedir una crítica al Gobierno por el dudoso método de hurtar un debate parlamentario no tuvo otro efecto que sobredimensionar la repercusión de esa crítica.
Pero sobre todo, porque en ese momento el foco estaba puesto en un asunto diametralmente distinto que estaba produciendo un desgaste inesperado al Gobierno de la Junta, la orden que prepara la Consejería de Salud por la que se fijan precios para la concertación de varios servicios, entre ellos la atención primaria.
La denuncia por parte de Por Andalucía de esa iniciativa –que en realidad llevaba colgada en la web de la Junta desde el pasado verano- obligó al Gobierno andaluz a salir a dar explicaciones y a hacerlo, además, desde una situación incómoda: la de verse forzado a asegurar que no hay una agenda oculta para cambiar el modelo sanitario que, pese a sus carencias, es la mayor conquista que Andalucía puede mostrar con orgullo tras cuatro décadas de autonomía. La consejera, Catalina García, comparecerá en el pleno del Parlamento la semana próxima y no debería descartarse que finalmente se opte por retirar o, al menos, modificar la orden. Para el Gobierno sería lo más inteligente y además contribuiría a eliminar sospechas incómodas a las puertas de una cita con las urnas.
Pero también en esta cuestión los socialistas volvieron a desenvolverse con torpeza al reivindicar que ellos fueron los primeros en denunciar la existencia de esta orden el pasado verano y que su protesta no obtuvo el eco que merecía. Posiblemente se vieran a obligados a dar esa explicación después de que Ramón Fernández-Pacheco, un portavoz del Gobierno andaluz que no suele mostrar colmillo, advirtiera públicamente a Juan Espadas de que los grupos a su izquierda le habían tomado la delantera a la hora de hacer oposición. Pero aún así, exhibir las debilidades propias, y no conseguir eco mediático de una denuncia trascendente no es precisamente una exhibición de fortaleza, no parece ser una estrategia adecuada.
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