Luz verde del Parlamento al decreto de los VTC con el único apoyo del PP

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, fue la encargada de defender el texto del que destacó su «valentía y sello netamente andaluz, permitiendo que las VTC sigan trabajando en las ciudades, pero fijando unos requisitos para no dañar al taxi.

La consejera subrayó que «Andalucía se ha dotado del mejor marco regulatorio posible para la convivencia armonizada de taxis y VTC, teniendo en cuenta la realidad de nuestra comunidad y pensando siempre en el beneficio de los ciudadanos».

Marifrán Carazo reprochó al Gobierno central su «inacción y el vacío legal provocado dejando en manos de las comunidades autónomas la regulación en esta materia al suprimir el servicio urbano de VTC desde el pasado 1 de octubre».

A su juicio, «el propósito ha sido, por tanto, ordenar el servicio de las licencias de VTC en nuestras ciudades para garantizar su convivencia en armonía con el sector del taxi en beneficio siempre del usuario y teniendo claro, como así dice la ley estatal, que los VTC están limitados a dar un servicio por precontratatación». Además, resaltó que el decreto «no daña al sector del taxi, que se va a ver reforzado y asegurado».

La visión del resto de grupos parlamentarios fue diametralmente opuesta el escenario descrito por la consejera. Así, Vox criticó al Gobierno andaluz por no haber trabajado con antelación esta norma que trae ahora vía decreto «con nocturnidad y alevosía», según su parlamentario Ricardo López, que añadió que este texto demuestra que «está cada vez más a la izquierda».

Por su parte, el PSOE-A censuró también la tardanza del Ejecutivo del PP en legislar tras cuatro años de espera y rechazó el decreto ya que lo considera «un despropósito legal, ya que no tiene memoria económica, ni reglamento», expuso en su intervención la diputada Isabel Ambrosio, que tachó al Gobierno de «incapacidad y soberbia política».

La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, arremetió contra el Gobierno de Moreno por su forma de aplicar el diálogo con los taxistas en este conflicto, ya que este sector sale «gravamente perjudicado» con este decreto», además de responsabilizar a la Junta de «echar a pelear a unos trabajadores contra otros».

La parlamentaria del PP Berta Centeno elogió el decreto ante el «caos jurídico sin precedentes» que dejó el Gobierno socialista mientras que la representante de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez acusó a la Junta de «defender los intereses de las multinacionales Uber y Cabify y de trabajar para empresas con sedes en paraísos fiscales».