La unidad de la Policía adscrita a Andalucía cuenta con la mitad de los miembros que necesita

El Gobierno andaluz estaba pendiente de firmar este nuevo convenio ya acordado con Interior para aumentar plantilla, pero la última propuesta que he llegado a la Junta desde el departamento dirigido por Fernando Grande Marlaska ha sido la de crear un grupo de trabajo. Según el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, esta propuesta no tiene sentido, ya que las condiciones propuestas por el Gobierno ya han sido aceptadas por el Ejecutivo autonómico. «Después de cuatro años que llevamos negociando un convenio, ya le hemos dicho que sí a todo lo que ellos piden, lo que queremos es que pongan día y hora para firmarlo», reclama el consejero, que explica que la Junta acepta financiar en un 50 por ciento los costes de esta unidad.

Según los datos de la Junta, la unidad adscrita apenas dispone de 410 efectivos pese a que el catálogo de puestos de trabajo elaborado a partir de las competencias que tiene asignadas establece como mínimo la necesidad de contar con 725 agentes. El Gobierno andaluz estima que para garantizar un buen funcionamiento harían falta en torno a un millar.

Esta situación está provocando que la Administración autonómica se vea obligada a destinar una cantidad ingente de recursos a pagar horas extras, en concreto 2,8 millones de euros el año pasado que, según explica Sanz, se podrían haber destinado a mejorar el equipamiento de esta unidad.

La policía adscrita tiene asumidas desde 1993 competencias delegadas en la Administración autonómica, entre ellas varias relacionadas con menores, como las actuaciones contra el absentismo escolar o la custodia y traslado de menores infractores, el combate al juego ilegal, la protección de las víctimas de violencia de género o la prevención e investigación de los incendios forestales, entre otras competencias. En este último apartado, el cuerpo presenta resultados sobresalientes, ya que de los 56 incendios investigados durante el año pasado se esclarecieron 42, con 19 detenciones.

Ahora el Gobierno andaluz ha decidido que la policía adscrita comience a actuar en otros ámbitos, como en el de la ciberdelincuencia. Pese a esa falta de efectivos, la unidad adscrita creó recientemente Brigada de Seguridad, Ciberprotección y Vigilancia Digital Operativa, que realizará labores de ciberpatrullaje, captación y análisis de toda la información susceptible de afectar a la seguridad, incluida la física de autoridades e instituciones autonómicas.

Asimismo, ha comenzado a actuar en la prevención de la violencia en el ámbito escolar y se ha reforzado la unidad que actúa en Sierra Nevada. Ante ello, el número de efectivos sigue mermando. Durante este año están previstas 23 jubilaciones, que se suman a los 41 funcionarios que el pasado ejercicio abandonaron la unidad a pesar de que el número inicialmente previsto era de 29.

Ante el retraso en la firma de un convenio con el Ministerio del Interior que dé solución a esta falta de personal, el Gobierno andaluz ha solicitado como solución provisional que se incorporen a la unidad 125 agentes en comisión de servicio, aunque de momento ese pedido ha sido desoído. Es más, según Sanz, se da la circunstancia de que el Ministerio rechaza sistemáticamente todas las peticiones de traslado en comisión de servicio a esta unidad que presentan efectivos del Cuerpo Nacional de Policía.