El TSJA y la Fiscalía Anticorrupción alaban la ley antifraude de la Junta y plantean mecanismos de colaboración

Lorenzo del Río y el fiscal delegado en Sevilla de la Fiscalía Anticorrupción, Fernando Soto, comparecieron ante la comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Cámara autonómica en el marco de la tramitación de este proyecto de ley, coincidiendo ambos en valorar de forma «positiva» esta norma y abogaron por «engranar» la futura oficina de lucha contra el fraude con la actuación del poder judicial.

Lorenzo del Río consideró «importante establecer medidas que sean previas a las medidas penales y son, por tanto, iniciativas positivas para establecer mecanismos de control, de peso y contrapeso dentro de las instituciones» como así recoge este proyecto de ley.

El presidente del alto tribunal andaluz respaldó que esta oficina se integre en propio Parlamento andaluz y afirmó que la norma supone «un avance en la lucha contra el fraude y la corrupción. Del Río destacó que «es importante que las instituciones luchemos por rescatar la credibilidad ante la ciudadanía y no se genere desconfianza social, ya eso da mucha mayor legitimidad».

Por su parte, el representante de la Fiscalía Anticorrupción, Fernando Soto, apoyó la nueva norma, aunque precisó que «hay instituciones por perfilar y algunos aspectos fundamentalmente por coordinar con la legislación general».

Soto dijo que es positiva la «creación e implementación» de un órgano como la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción puesto que consideró importante que «todos los esfuerzos que se sumen a la lucha contra las malas prácticas, la corrupción, las irregularidades en el sector público, tiene que ser siempre valorado como una buena noticia», aunque abogó por la «coordinación con el resto de organismos, no solamente con organismos de la jurisdicción, sino del sector público andaluz».

También compareció en esta comisión parlamentaria el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, que calificó de «necesaria» esta ley y el contar con «mecanismos adiciones que luchen contra el fraude y la corrupción, ya que determinan una desigual protección pública de los derechos fundamentales«.

Maeztu subrayó que «la corrupción ha venido produciendo en los últimos años una alarma social y el rechazo y desconfianza provocado en la ciudadanía, tanto hacia sus gobernantes como hacia las instituciones públicas«. Según el Defensor del Pueblo andaluz, esta ley »coadyuva» a su institución en «la defensa de los derechos y libertades«.