El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso de la Junta contra el impuesto a los ricos

Para la Junta, la creación del gravamen a las grandes fortunas fue una respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez a su política fiscal, por lo que considera que supone un atentado contra la autonomía fiscal consagrada en el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

En su recurso, el Gobierno andaluz solicitaba la suspensión cautelar de la aplicación del impuesto, medida que no ha sido aceptada por el Constitucional «en aplicación de su doctrina», según ha informado el alto tribunal.

La Junta había solicitado la suspensión inmediata del impuesto para evitar que los impositores tuvieran que declararlo en este ejercicio. Aunque esta petición ha sido denegada, la aceptación a trámite supone que el Constitucional tomará en cuenta su eventual anulación.

Para la consejera de Hacienda de la Junta, Carolina España, la no aceptación a trámite del recurso "hubiera sido un escándalo" y tras recordar la vinculación del ponente, Juan Carlos Campo, con el presidente del Gobierno -fue ministro de Justicia entre 2020 y 2021 -, lamentó que no se haya suspendido cautelarmente la aplicación del impuesto. A su juicio, esta decisión genera una situación de inseguridad jurídica y deja en indefensión a los contribuyentes, ya que de prosperar el recurso de la Junta y anularse el impuesto, la Administración central se verá obligada a devolver lo cobrado con intereses. "Esperamos que el Tribunal Constitucional supla la no adopción de medidas cautelares con una resolución rápida del recurso para no causar perjuicios a los ciudadanos y más inseguridad jurídica", dijo España, que aseguró que el impuesto recurrido ahuyenta la inversión.

Pese a considerar a Campo "una persona de confianza" del presidente del Gobierno, España descartó que la Junta de Andalucía vaya a plantear una recusación del magistrado.

El Gobierno andaluz, que tomó la decisión de presentar el recurso tras recabar la opinión de sus servicios jurídicos y del Consejo Consultivo, entiende que el impuesto incurre en tres posibles motivos de inconstitucionalidad. Uno es la invasión de competencias, por haberse puesto en marcha un impuesto que tiene el objetivo más o menos explícito de anular los efectos de una medida fiscal adoptada en el sentido opuesto por Andalucía en el ejercicio de sus competencias. De hecho, el texto de la ley por la que se crea el impuesto reconoce que la finalidad de la norma es armonizar y disminuir las diferencias en el gravamen al patrimonio de las distintas comunidades.

En el recurso también se alude a otros dos motivos: la forma en que se aprobó, con una enmienda a una ley en la que se creaban otros gravámenes, por lo que se hurtó a los diputados la posibilidad de proponer modificaciones, y la vulneración del principio de seguridad jurídica, ya que, entiende la Junta, los posibles impositores no tuvieron la oportunidad de adaptarse a las nuevas determinaciones al introducirse una novedad normativa de manera sorpresiva.