Un traslado lleno de interrogantes

La provincia vivió ayer una jornada en la que reinó la confusión y el reproche político. Todo como consecuencia de un traslado que está repleto de interrogantes. Lo denunció el Sindicato Unificado de Policía (SUP) a través de unos vídeos que acabaron por hacerse virales el pasado lunes. Son cuatro. Y en ellos se pueden ver a varias personas inmigrantes saliendo de un avión, esperando en el aeropuerto de Las Palmas o en los accesos de un aeródromo granadino que dejan atrás montándose en un autobús o incluso en taxis. Unas imágenes a las que ha tenido acceso todo el mundo y que han provocado la sorpresa y la indignación del alcalde de la ciudad, partidos políticos de la oposición al Gobierno central o de algunos de los principales responsables de la Junta de Andalucía. Casi todo el mundo tuvo algo que decir ayer salvo la Subdelegación del Gobierno. A pesar de que desde este periódico se trató de tener todos los detalles de este vuelo y de otros que -según las fuentes policiales consultadas- habrían llegado con anterioridad, todas las preguntas se quedaron sin respuesta.

La información que posee el SUP es que a Granada han llegado en al menos tres vuelos regulares entre 100 y 200 inmigrantes venidos de Canarias en los últimos días. También aseguran que a su llegada a la provincia andaluza nadie les esperaba por lo que eran libres de hacer o ir a donde quisieran y que se habrían montado en el avión sin que se les hubiera practicado antes la prueba de detección del coronavirus.

Informaciones que no pudo contrastar este periódico con la Subdelegación del Gobierno, cuya responsable, Inmaculada López Calahorro, se mantuvo en silencio durante toda la jornada pese a que arreciaron las críticas a su gestión desde los distintos púlpitos políticos. Lo único que desmintió el Gobierno fue el asunto de los test. Lo hizo a través de un tuit el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien culpó al SUP de alentar la «xenofobia» levantando «sospechas infundadas». Sin detallar mucho, el ministro se limitó a decir que los protocolos existentes «garantizan que cualquier inmigrante llegando a costa es sometido por las autoridades sanitarias autonómicas a un PCR», apuntó Escrivá, echando por tierra estas acusaciones.

El ministro no entró en más cuestiones. Lo que no le sirvió a Calahorro ayer para quitarse de encima el sambenito que le colgaron, como representante del Gobierno central, de actuar con «deslealtad» en todo este asunto. La Junta de Andalucía no sabía ayer nada respecto al traslado. Y lo hizo patente a través de un comunicado y mediante declaraciones que el propio vicepresidente, Juan Marín, realizó en la televisión pública andaluza a mediodía. Son varias las preguntas autonómicas que están aún por responder. El también presidente de Ciudadanos en Andalucía contó que desconocía estos hechos. En la Junta se era consciente de que se estaban haciendo traslados de inmigrantes a Málaga y Sevilla, pero no a Granada. «Somos los primeros sorprendidos», llegó a decir a preguntas de este periódico.

El Gobierno andaluz ha pedido información al propio gabinete del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Y lo hizo ayer por parte del consejero de Presidencia, Elías Bendodo. Marín se quejó en directo de que nadie del Gobierno les hubiera respondido aún respecto a un desplazamiento que critican por haberse hecho en un contexto en el que hay activo un cierre perimetral en toda Andalucía. Esta circunstancia la usó de percha para lanzar una pregunta: «¿Con qué autorización han venido a Granada estas personas?», señaló el vicepresidente, que lamentó la forma de proceder de un ministro al que acusó de «desleal» por no informar.

Del mismo modo se manifestó el máximo representante del Ejecutivo andaluz en Granada, Pablo García, que puso en duda la conveniencia de unos viajes de los que si sabe algo es por los vídeos que han circulado por las redes sociales en las últimas horas. García habla directamente de una actitud «irresponsable». «El Gobierno de España ha ignorado las normas sanitarias en vigor para salvar sus intereses, realizando un traslado de inmigrantes con absoluta opacidad y sin comunicar», criticó y pidió inmediatas explicaciones a la representante del Gobierno central en Granada.

El alcalde de la capital, Luis Salvador, también se sintió ninguneado por parte del Gobierno y exigió información sobre el traslado. Lo confirmó ayer en unas declaraciones en las que avanzó que elevarán una queja formal a la Subdelegación. Tampoco fueron informados ni de su llegada ni de cuál es el paradero actual de estas personas.

Una de las críticas más aceradas que se le está haciendo al Gobierno y a sus representantes es que no hayan dado detalles, por lo menos de forma privada, del destino de los inmigrantes: si se quedaban en Granada y en qué condiciones o si se marchaban a otros puntos de la geografía española.

Desde el SUP denunciaron que estas personas se fueron por su cuenta tal y como llegaron y que nadie les esperaba en tierra. Y el alcalde mencionó en sus declaraciones que los inmigrantes se «soltaron» en Granada a su «libre albedrío». Lo mismo declararon fuentes de la Junta de Andalucía. En ninguna de las dos administraciones se conoce realmente qué ha sido de estas personas. Y desde el Gobierno en casos similares se han limitado a decir que esa información es confidencial para preservar la intimidad de los viajeros.

Normalmente estas personas acaban siendo acogidas por entidades sociales. Pero todas las ONG consultadas ayer desconocían su paradero. Desde Cruz Roja, Movimiento por la Paz y el Desarme o la Asociación Pro Derechos Humanos afirmaron que se habían enterado del traslado por las informaciones periodísticas. Y que, por tanto, nada tenían que ver con su estancia en la Península. Cabe recordar que algunas de estas entidades y otras no citadas tienen acuerdos firmados con el Ministerio para hacerse cargo de los inmigrantes llegados a nuestras costas en sus distintos recursos.