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La agenda del Ministerio para la Transición Ecológica tenía señaladas para esta semana dos citas en Andalucía. Este martes iba a celebrarse una reunión con alcaldes de los municipios beneficiados por el pacto de Doñana para abordar las ayudas previstas en el acuerdo, y para ... el jueves estaba acordada una visita de su titular, Teresa Ribera, con el presidente de la Junta para estudiar medidas relativas al combate a la sequía. La primera cita se ha suspendido y la segunda nadie asegura que se vaya a celebrar.
Este cambio de planes ha sido causado por una denuncia formulada por el PSOE de Andalucía contra el decreto de simplificación administrativa, un texto con más de dos mil folios que afecta a todos los sectores de la Administración andaluza y que el Parlamento convalidará este miércoles. Los socialistas aseguran haber detectado en uno de los cientos de artículos del decreto un intento de la Junta de resucitar la legalización de regadíos en el entorno de Doñana que el pacto firmado en noviembre entre Teresa Ribera y Juanma Moreno había enterrado.
Los tiempos decididos por el PSOE parecen calculados para marcar la agenda política de la semana, condicionar la de la vicepresidenta y evitar una nueva foto que fortalezca la imagen de dialogante que Moreno quiere imprimir a su gobierno. Sin embargo, en el PSOE aseguran que no fue hasta el domingo por la tarde cuando detectaron el artículo y que los hechos se desencadenaron para que la semana se iniciara con esa denuncia pública.
Una vez que los socialistas hicieron su papel, Teresa Ribera cumplió con el suyo: mostró sorpresa y preocupación y aseguró que «es muy difícil trabajar así para reducir las presiones sobre Doñana, dedicar un volumen de recursos muy notable, buscar consensos con las comunidades locales, con las administraciones, con la comunidad científica, con el Patronato y el Consejo de Participación y encontrarnos con que todas las políticas para reducir estas presiones, de un día para otro se produce una legalización retroactiva de usos agrarios en suelo forestal».
El texto de la polémica hace referencia a la trasposición a la ley estatal de montes de la ley forestal andaluza y en la Junta aseguran que no tiene nada que ver con el Parque Nacional y que los términos de esa adaptación, además, fueron acordados tiempo atrás con el Ministerio.
Los terrenos afectados por esta adaptación de la norma no superan las 50 hectáreas en la Vega de Granada y en la corona norte de Doñana. Según explica la Junta, se trata de terrenos agrícolas sobre los que en su día se plantaron especies forestales de ciclo corto como eucaliptos o chopos y que ahora podrían volver a su uso original. Esta posibilidad estaba prevista en la ley estatal pero no en la andaluza, y con el decreto se adapta esta última a la primera. En este cambio, los socialistas han creído ver un intento de rescatar la ampliación de regadíos prevista en la proposición de ley descartada tras el pacto de Doñana.
No obstante, la Junta ha ofrecido volver a sentarse con representantes del Gobierno para consensuar el contenido del artículo que éste considere más adecuado. Juanma Moreno llamó este lunes por la tarde a la vicepresidenta para hacerle este ofrecimiento y que los consejeros de Presidencia, Antonio Sanz, y de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, que estarán este martes en Madrid, se reúnan con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para zanjar el problema. «Tardaremos dos minutos en ponernos de acuerdo», dijo Fernández-Pacheco.
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