Teresa Ribera ignora la citación del Parlamento y renueva su ataque a la Junta por Doñana

El calendario previsto para la tramitación de la ley garantiza que se convertirá en un tema central de la próxima campaña electoral. Si no se producen alteraciones de última hora que dilaten el proceso, la aprobación de la norma se trataría en el pleno programado para el 26 de julio, tres días después de la jornada electoral. Si por algún motivo sufre algún retraso, iría al primer pleno del siguiente periodo legislativo, ya a comienzos de septiembre.

Los ministros no tienen obligación legal de acudir cuando son convocados por los parlamentos autonómicos y Ribera se ha acogido a esa prerrogativa para rechazar la citación, lo que comunicó a través de Twitter. «Lo que pienso, lo que me preocupa y lo que hay que hacer para defender a los andaluces, fresas españolas y Doñana lo conocen», indicó en su cuenta de la red social.

La tramitación de las leyes incluye la comparecencia de personas, colectivos y agentes sociales afectados, y en el caso de la proposición para regularizar regadíos en el entorno de Doñana la lista de citados se aprobó este miércoles por la mayoría de la mesa de la comisión parlamentaria. En la misma no se incluyó a representantes destacados de la comunidad científica que habían sido propuestos por grupos de la oposición, como el presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, o el director de la estación biológica del Parque, Eloy Revilla. La vicepresidenta hizo referencia a estas ausencias e indicó en la red social que les cedía su tiempo a cualquiera de ellos. «Seguro que aprenden más», escribió Ribera sin renunciar a la sorna. La cesión del tiempo de una comparecencia en favor de otra persona no es reglamentariamente posible.

Uno de los aludidos por la vicepresidenta, Eloy Revilla, mostró su sorpresa porque la entidad que preside haya quedado fuera de la lista de comparecientes porque podría haber aportado una opinión técnica relevante. «El problema que tiene Doñana es la sobreexplotación del acuífero, que no solamente está generada por las extracciones ilegales, son parte del problema, pero es del consumo total que se hace del acuífero. Es un problema más grande que lo que plantea la Proposición de Ley», señaló.

También la organización conservacionista WWF lamentó que no se haya invitado ni a Delibes ni a Revilla, lo que consideró «un veto a la ciencia». Según indicó en una nota de prensa, para la organización es inadmisible que se pretenda legislar una norma con «una clarísima afección al espacio protegido de Doñana, sin ni siquiera escuchar a la comunidad científica que lleva haciendo el seguimiento del espacio protegido desde hace más de 50 años».

Con la ausencia de la vicepresidenta, la lista de comparecientes quedará reducida a 22 personas. Todas acudirán en una misma jornada, el martes 13 de junio, y tendrán un total de diez minutos para exponer su posición y otros diez minutos para responder a las preguntas que planteen los diferentes grupos.

Ya antes de anunciar su negativa a asistir, la vicepresidenta tercera había reaccionado a las comparecencias acordadas por la Mesa de la comisión de Fomento por la amplia mayoría que conformaron el PP-A y Vox y había llamado la atención acerca de que ni Delibes ni Revilla aparecían entre los citados. «Aquí dejan claro lo que importa la opinión de quien conoce bien el parque y sus ecosistemas. Ni Delibes ni Estación Biológica de Doñana», comentó la vicepresidenta en Twitter.

La polémica de en torno a este asunto subió de tono este jueves en el Parlamento de Andalucía, donde la campaña de boicot iniciada por la oenegé alemana Campact contra la fresa española se convirtió en el motivo central de la confrontación entre populares y socialistas.

Al responder a una interpelación sobre otro asunto, la consejera andaluza de Salud, Catalina García, calificó de «delito contra Andalucía» la postura que sobre esa campaña adoptaron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta Teresa Ribera, a quienes García aludió como «los 'hooligans' del Gobierno de España contra Huelva».