La tensión política no impide que la Ley contra la corrupción inicie su trámite parlamentario en Andalucía

El tenso debate entre los grupos políticos por el crispado ambiente provocado por adelantos electorales y mociones de censura en otras comunidades no ha impedido que el proyecto de Ley contra el fraude y la corrupción y protección de la persona denunciante haya contado con la luz verde del Pleno del Parlamento para iniciar su trámite.

La ley ha superado así su primer debate sin que ningún grupo parlamentario haya presentado enmienda a la totalidad, aunque el PSOE se mostró muy crítico, apostando así por presentar enmiendas parciales en el proceso que se abre ahora en comisión.

El anticipo electoral en Madrid y las mociones de censura en esta comunidad, junto a Murcia y Castilla y León, ha disparado la intensidad del debate con reproche cruzado entre todos los grupos políticos.

El portavoz socialista, José Fiscal, mostró su rechazo a esta ley y acusó a PP y Cs de «estar mintiendo desde que llegaron al Gobierno y la mentira es corrupción», al mismo tiempo que recordó que «el PP es un partido que está condenado por corrupción». Según Fiscal, «huele a ley para perseguir al adversario político más que para perseguir la corrupción».

El portavoz socialista, junto al diputado de Adelante Andalucía Guzmán Ahumada, sacaron en el debate la figura del senador del PP, Javier Arenas, señalado por Bárcenas en sus últimas declaraciones judiciales por el presunto cobro de sobresueldos de la caja B del PP.

Por su parte, el parlamentario de Ciudadanos Francisco Carrillo dijo «sentir vergüenza de la clase política» y rememoró las palabras de Estanislao Rodríguez cuando aseveró «estar hasta lo cojones» de esta situación, censurando así el «adelanto de elecciones, las mociones de censura y los conchabeos» en plena pandemia en alusión a lo sucedido en Murcia y Madrid. La diputada del PP, Rosalía Espinosa, replicó a Cs y le espetó que «se dé una vuelta por Murcia y diga allí su arenga».

La bronca política en el Pleno alcanzó tal intensidad que provocó la intervención en varias ocasiones de la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, que llamó al orden a los diputados de las bancadas del PP, Cs y PSOE por el cruce de críticas sin contar con el turno de intervención.

Antes de llegar a estos momentos de crispación, el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, intervino para defender en el Pleno esta norma que «los andaluces estaban esperando hace mucho tiempo tras los años de desprestigio de esta lacra para la sociedad andaluza durante décadas de gobiernos socialistas, lo que exigía la adopción de medidas eficaces de regeneración política como supone esta ley», manifestó.

Marín, que reclamó el apoyo de todos los grupos en el trámite parlamentario, criticó el daño «incalculable» tanto económico, social, moral y a la imagen de Andalucía que han supuesto los numerosos casos de corrupción que ha sufrido Andalucía en los últimos años, aludiendo a los casos ERE, Faffe o Isofotón.

El número dos del Gobierno andaluz, que reprochó al PSOE-A su negativa a sacar adelante esta ley en la pasada legislatura, señaló que el objetivo es contar con una herramienta para luchar contra la corrupción desde la legalidad con la creación de una Oficina contra el Fraude y la Corrupción que estará adscrita al Parlamento andaluz y un régimen de protección para los denunciantes, así como sanciones que irán de los 300 a los 100.000 euros y que será de aplicación al sector público y al privado que sea adjudicatario de la Administración.