El debate abierto sobre la llamada 'tasa turística' ya discurre por dos caminos paralelos. Uno lo abrió el Gobierno andaluz para intentar poner de acuerdo al sector turístico, contrario al impuesto, y los alcaldes que han visto en su eventual creación una vía para paliar ... el déficit de financiación municipal. El otro se ha instalado en el terreno político y tiene como contendientes a la Junta de Andalucía a un lado y la oposición de izquierdas, por el otro.
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Un capítulo de esta segunda batalla se libró este jueves en la comisión parlamentaria de Turismo, Cultura y Deportes, donde el consejero, Arturo Bernal, se posicionó claramente en contra de la implantación del impuesto, que a su juicio supondría «poner un tapón» al desarrollo de la industria turística andaluza justo en el momento en que ha conseguido dejar atrás el bache provocado por la pandemia, que redujo a cero la actividad.
Los argumentos de los grupos parlamentarios de la izquierda, tanto del PSOE como de Por Andalucía y de Adelante, se centraron en poner en primer plano lo que consideran efectos perversos del turismo masivo y su repercusión en el deterioro de los servicios públicos y en el acceso a la vivienda de los vecinos de los municipios turísticos.
Bernal recordó que la crisis provocada por la pandemia permitió comprobar la repercusión de la actividad turística como dinamizadora de otros sectores de la economía como la agricultura, la ganadería, la pesca, la energía, la industria manufacturera, el comercio o la tecnología. En total, aseguró, hay 76 ramas de la producción que dependen indirectamente del sector turístico. Además, reivindició que actualmente se está en proceso de flexibilizar temporal y espacialmente la actividad turística para que se alcance a más zonas del territorio andaluz y además no se concentre solamente en los meses de verano. Aseguró que se están consiguiendo grandes avances en ese sentido, ya que el índice que mide la temporalidad, en la que el valor 1 indica máxima temporalidad y cero, la mínima se sitúa actualmente en 0,23.
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Ante esta situación, advirtió de que la imposición del impuesto al turismo, que afectaría también a los 3,4 millones de andaluces que visitan destinos en el interior de su comunidad, supondría un freno para este proceso. En su opinión, no se trata de crear una nueva figura tributaria, sino que se deben repartir mejor los impuestos que ya se están cobrando para afrontar un problema que no es generado por el turismo, como es la deficiente financiación de los ayuntamientos.
En su opinión, supone un error afrontar el turismo como una actividad generadora de problemas a la que se debe castigar con un impuesto en lugar de verla como una solución que aporta a la economía andaluza.
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Los argumentos del consejero encontraron respaldo en su grupo y también en Vox, que reclamó no obstante el compromiso concreto del Gobierno andaluz de que no cederá a la presión de los alcaldes para la imposición del esta figura tributaria.
A favor del impuesto se posicionaron todos los grupos de la izquierda. La socialista Isabel Aguilera afirmó que los destinos que lo han puesto en marcha no se han resentido en absoluto y señaló que lo que pone en peligro la actividad turística es lo que considera la «obsesión compulsiva por aumentar el número de visitantes sin ton ni son, sin orden ni concierto, ni planificación».
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Esperanza Gómez, de Por Andalucía, puso el acento en lo que considera efectos negativos del turismo, una actividad que, en su opinión, se está convirtiendo en un problema de primer orden dando lugar a una turismofobia que «empieza a estar presente en la población cada vez con más motivo».
En un sentido similar, Maribel Mora, de Por Andalucía, aseguró que el turismo masivo genera problemas a la población, especialmente en el acceso a la vivienda.
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